Lo que empezó como un conflicto interno más por la negativa de la Administración a proporcionar información a un sindicato sobre un asunto que supuestamente se trataba en otro ámbito de negociación ha derivado en un terremoto que amenaza con derribar el que probablemente sea el ángulo más oscuro del esquema retributivo de las Administraciones Públicas: el reparto de los incentivos al rendimiento, las famosas 'productividades'. El Tribunal Supremo acaba de reconocer el derecho de los representantes de los trabajadores públicos a recibir información precisa sobre los objetivos asignados a cada unidad, su grado de cumplimiento y, quizá lo más relevante, los criterios seguidos por los directivos de la Administración para distribuir los premios al rendimiento entre los miembros de su equipo.
Sólo en la Administración del Estado durante el año 2019 se repartieron más de 870 millones de euros en incentivos al rendimiento, lo que supone en torno al 5% de la factura total de la cuenta de gastos de personal del Estado. Los casos en que éstos premios al rendimiento se distribuyen en función de criterios no ya objetivos sino simplemente transparentes son excepcionales, según denuncian la práctica totalidad de los sindicatos de la Función Pública. Precisamente ha sido la presión de éstos la que ha permitido que en los últimos años estos premios lleguen por lo menos a un porcentaje más amplio de los empleados públicos. Hace años, el único criterio de distribución era el que marcaba el responsable de cada departamento y no era extraño que los incentivos a la productividad se utilizaran para mejorar el salario de determinados trabajadores concretos, no para premiar el desempeño de una unidad o departamento concreto como se supone que es su fin.
Si esto está a punto de cambiar es porque en 2015 el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) decidió recurrir en la instancia contencioso-administrativa la negativa de la Agencia Tributaria, entonces dirigida por Santiago Menéndez, a comunicar los criterios de reparto de los incentivos vinculados al controvertido Plan Especial de Intensificación de Actuaciones de la Inspección de Hacienda (PEIA), ideado en la era Montoro con el objetivo declarado de que los inspectores echaran más horas para aflorar más fraude fiscal y alimentar las castigadas arcas públicas. Gestha sospechaba que había una parte de los fondos - en torno a un 25% de la bolsa de productividad - que se repartía de manera discrecional, cuando de forma totalmente arbitraria principalmente entre inspectores de Hacienda y exigió conocer los criterios de reparto de esa parte de bolsa. La Agencia se negó.
"Ahí empezó todo", recuerda Paco Gaspar, presidente de la Junta de Personal de Valencia de la Agencia Tributaria, promotor de la causa judicial y miembro de la directiva del sindicato de técnicos de Hacienda. "La distribución de una parte de los incentivos al rendimiento del PEIA se concibió como un contrato de adhesión. Se realizaba un reparto de cantidades entre unidades en las que unas salían más beneficiadas que otras, pero no había criterios que explicaran esas diferencias. Se desvirtuó el concepto de retribución variable, era un complemento salarial más". Tampoco los había para explicar el tremendo escalón entre los premios a la productividad que percibían los inspectores - 25.000 euros de media al año, según Gaspar - y los técnicos - en torno a 8.000 euros - o el resto de categorías de la Agencia.
En 2015 se inició una odisea judicial en la que de forma sucesiva les dieron la razón el tribunal contencioso-administrativo, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional y en última instancia el Tribunal Supremo. Éste no solo desestimó los argumentos exculpatorios de la Abogacía del Estado en relación a que la Agencia Tributaria ya proporcionaba información sobre los beneficiarios de estos incentivos como exige el Estatuto del Empleado Público y a que la comunicación de los criterios específicos establecidos "podría poner en peligro la investigación y sanción de ilícitos penales y administrativos y, en última instancia, la misma lucha contra el fraude fiscal", sino que ha sentado como principio general la aplicación de la Ley de Transparencia dentro de la Administración del Estado en lo referente a los criterios para el pago de la productividad.
Esto significa, explica Paco Gaspar, que la Administración Pública tendrá a partir de ahora la obligación de proporcionar a los representantes de los trabajadores la información que soliciten en relación a la distribución de los premios de productividad: objetivos específicos definidos para cada unidad, evaluación sobre el cumplimiento de esos objetivos y criterios de reparto de las bolsas de productividad entre los trabajadores.
El directivo de Gestha asegura que su sindicato no va a pedir de momento la ejecución de la sentencia a la Agencia Tributaria y que espera que sea la propia Agencia la que llame a los sindicatos para determinar el modo en que se van a definir a partir de ahora no solo los objetivos y el reparto de recursos del PEIA - un plan que ha multiplicado por dos la retribución variable que perciben los profesionales de la Agencia Tributaria- sino también los criterios de reparto de esa bolsa de productividad. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto y que sus servicios jurídicos están analizando el alcance de la sentencia.
El pronunciamiento del Supremo se produce además en un momento crítico, en el que el Gobierno ha iniciado el trámite formal para aprobar la nueva Ley de Función Pública, que desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público - muchos de cuyos aspectos llevan pendientes de desarrollo desde el año 2007 - y que se esperaba que abordara la implantación de un sistema de retribución variable digno de tal nombre en la Administración.
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