Supremo israelí aplaza ingreso en prisión de ex mandatario por corrupción

Jerusalén, 15 sep.- El Supremo israelí aplazó hoy en un dictamen la entrada en prisión del ex primer ministro Ehud Olmert, condenado por un delito de corrupción, que debía iniciar esa pena a principios de mes, hasta que sea escuchado en audiencia su recurso.

Olmert fue condenado a seis años de cárcel, al igual que el ex alcalde de Jerusalén Uri Lupoliansky, sentenciado a la misma pena e implicado en el mismo caso de corrupción, y ambos quedarán en libertad hasta que esa instancia de justicia escuche sus apelaciones, informó hoy la edición digital del "Haaretz".

El ex jefe del Gobierno israelí fue condenado en mayo por el Tribunal de Distrito de Tel Aviv a seis años de prisión y a pagar un millón de shekels (210.000 euros o 290.000 dólares) de multa por haber aceptado sobornos durante el tiempo que ejerció de alcalde de Jerusalén (1993-2003).

El tribunal consideró probado que el ex primer ministro aceptó 500.000 shekels (105.000 euros) de los promotores del proyecto "Holyland", un complejo de miles de viviendas de lujo que se erige en un cerro del sur de Jerusalén.

Olmert tuvo que dimitir como primer ministro en 2008 por ese y otros escándalos.

El ex alcalde Lupoliansky también fue condenado a cumplir seis años de cárcel en una sentencia en junio pasado, implicado en el mismo caso por el desvío de fondos recibidos a organizaciones caritativas, procedentes de promotores del complejo.

En un dictamen en mayo, la corte de Tel Aviv ordenó a los siete condenados en el caso que comenzaran a cumplir la sentencia el 1 de septiembre.

Tanto Olmert como Lupoliansky dijeron que recurrirían el fallo y solicitaron asimismo retrasar el pago de las elevadas multas recogidas en sus condenas.

Pese al aplazamiento del ingreso en prisión, el Supremo israelí, con sede en Jerusalén, rechazó, sin embargo, el retraso en el pago de las penas económicas y ordenó que las audiencias de los recursos se celebren en el plazo de tres meses.

Pese a que la Fiscalía del Estado presentó precedentes en los que no se retrasó el ingreso en prisión de condenados por delitos similares, en casos en los que estuvieron implicados figuras públicas el Supremo accedió a aplazar el cumplimiento de la pena.