El TS avala el procesamiento por rebelión de Puigdemont y otros 14 investigados

  • La sala ve razonable calificar los hechos como rebelión porque hubo "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia.
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión de quince de los investigados en la causa sobre el 'procés' de Cataluña, entre ellos el expresident catalán Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras.

La Sala de Apelaciones del alto tribunal considera "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebelión porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.

Sobre la malversación que también imputa a muchos de los investigados el instructor de la causa Pablo Llarena, el tribunal de apelación dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.

La decisión abre paso a la posible suspensión como cargos públicos de los siete diputados que están en la cárcel o sobre los que se ha dictado orden de prisión. Así lo establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que cuando se dicte un auto de procesamiento firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

En cualquier caso, no es una medida que se aplique de forma automática, sino que la debe acordar de forma razonada el juez instructor, han informado fuentes jurídicas.

De los siete diputados autonómicos afectados, cinco están en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez) y otros dos están huidos (Carles Puigdemont y Antoni Comín), pero sobre ellos pesa orden de ingreso en prisión, como establece la ley.

Si Llarena así lo decide, serán suspendidos de sus cargos como representantes en la cámara autonómica tras la confirmación de su procesamiento por rebelión, aunque no tendrán que dejar el escaño.

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