El Tribunal Supremo ha movido ficha ante la querella presentada el pasado mes de junio contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal que estudiarán si la admiten o no a trámite -y entre los que se encuentra su presidente Manuel Marchena- han otorgado un plazo de ocho días para que el denunciante que actuó contra el ministro deposite una fianza de 6.000 euros y pueda ejercer la acusación popular en caso de que se abra un procedimiento.
Así lo acuerdan los magistrados en un auto al que ha tenido acceso La Información y en el que explican que se trata de una caución "proporcionada" teniendo en cuenta que el querellante es un particular y no una persona jurídica (a la que se le suele reclamar más cuantía). Los magistrados impulsan estas pesquisas apenas unos días después de conocerse el informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, sobre las querellas de la covid. En su documento analizó una veintena de acciones presentadas contra todos los miembros del Ejecutivo en el alto tribunal (por su condición de aforados) y resolvió que ninguna de ellas debería admitirse a trámite.
Aunque en su análisis no se pronunció sobre esta querella en concreto, interpuesta por Ramón Trillo (hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo) sí que lo hizo sobre otra similar en la que también se pedía investigar al titular de Interior. Con todo, el Supremo ha dado el primer paso antes de decidir si hay indicios para actuar contra el ministro por los delitos de encubrimiento y abandono de destino. De acuerdo con el denunciante, Grande-Marlaska tendría que responder penalmente por todos los hechos ocurridos en plena pandemia que rodearon el cese del coronel Pérez de los Cobos al haberse negado a facilitar a sus superiores información de la causa ya archivada por la celebración de la marcha del 8-M.
El magistrado del 'procés' Antonio del Moral será el ponente que estudie el contenido de la querella, tal y como así se acordó a mediados de junio, apenas días después de su interposición. El tribunal lo componen Juan Ramón Berdugo y Ana Ferrer (magistrados que también juzgaron a los líderes independentistas) además de Pablo Llarena, el cual instruyó la causa abierta contra el Govern de Carles Puigdemont. A todos ellos se añade el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Los magistrados de la Sala II serán los encargados de resolver primero acerca de la competencia para conocer estos hechos y luego si hay indicios de delito.
La querella presentada en junio, bajo la defensa letrada del abogado Manuel Santaella, denuncia que el responsable de Interior ocultó los motivos reales de la destitución de Pérez de los Cobos el pasado domingo 24 de mayo en calidad de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. El escrito recoge que la destitución -que derivó en una cascada de renuncias en la cúpula de la Guardia Civil- se produjo "con nocturnidad y alevosía" y además denuncia que se ordenó ocultar el documento reservado sobre su cese. El motivo real que llevó a Marlaska a prescindir de De los Cobos sería, siempre según el escrito, el hecho de que se negara a informar a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, sobre los pormenores de la investigación abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, toda vez que el informe policial se encargó a dos subordinados suyos.
De hecho, apuntan que tanto Gámez como el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, habrían cometido delito de conspiración para cometer revelación de secretos y proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos, aunque el denunciante no actúa contra ellos porque no están aforados y, por tanto, el Supremo no es competente para su investigación. Con todo, de admitirse a trámite la querella, declararían como testigos si así lo acuerdan los magistrados, los arriba mencionados además de sus entonces superiores el general José Antonio Berrocal y el teniente Fernando Santafé (este último, también cesó como número 3 de la Guardia Civil en plena crisis por lo ocurrido).
A falta de conocer en qué sentido se pronuncian los magistrados, cabe destacar que Navajas declinó investigar a Marlaska en el informe entregado hace apenas unos días a la Sala de lo Penal. En concreto, el teniente fiscal respondió a una querella interpuesta también en junio por estos hechos rechazando que se le pudiera atribuir al ministro el delito de prevaricación administrativa por el cese del coronel en tanto considera que el asunto ya resultó "denunciado y archivado" por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y añade además que, de haber responsabilidad penal, debería recaer en la figura del secretario de Estado de Seguridad, por ser el que decretó su cese. Sea como fuere, el Supremo acumula una querella más contra el ministro del Interior por estos mismos hechos. Es la que interpusieron dos abogados andaluces por prevaricación, falsedad y coacciones. Sobre esta misma sí que se pronunció la Fiscalía del alto tribunal y lo hizo para pedir su inadmisión, tal y como informó El Español.
