El juzgado contencioso administrativo 2 de Girona ha suspendido cautelarmente a petición del Gobierno central la consulta popular que el Ayuntamiento de Tossa de Mar había convocado para este domingo 20 de noviembre con la intención de preguntar sobre la construcción de un puerto en la localidad.
En un auto recogido por Europa Press, el juzgado ha dejado en suspenso de forma provisional esta consulta porque la fecha es "inminente" y, de celebrarse, podría vaciar de contenido una posterior decisión del juzgado sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno.
El Ayuntamiento de Tossa de Mar aprobó en pleno el 14 de julio celebrar una consulta para conocer la opinión de los vecinos sobre una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilita la futura construcción de un puerto, sus accesos, un hotel de cinco estrellas y cuatro viviendas.
EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ
En un comunicado este lunes, el Consistorio ha anunciado que presentará alegaciones --el juzgado le da tres días para ello-- y ha reprochado al Gobierno que haya esperado hasta este viernes para presentar el recurso que ha propiciado esta suspensión cautelar.
El Ayuntamiento cree que el fondo de la cuestión es que el Ejecutivo central indica que para celebrarla es necesario un permiso del Consejo de Ministros, mientras que el Consistorio considera que la Ley catalana de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana del 2014, en la parte no declarada inconstitucional, permite hacer consultas sin pedirlo al Gobierno.
INCOMPRENSIÓN EN TOSSA
"España vuelve a impedir que en Catalunya consultemos a nuestros ciudadanos. Algunos se alegrarán, pero los que no tenemos miedo de sacar las urnas para que el pueblo opine libremente, lamentamos profundamente esta situación", ha valorado la alcaldesa de Tossa de Mar, Gisela Saladich.
La primera edil ha indicado que hay muchos ayuntamientos que han celebrado consultas de acuerdo con la misma normativa, como Salt (Girona) y Tortosa (Tarragona), entre otros, "sin haber tenido problemas con Madrid".
"En este asunto no es ajena la actitud de algunos partidos, con y sin representación en el consistorio, que han trabajado en la misma línea que Madrid queriendo impedir que los vecinos puedan expresar su opinión sobre un tema que les afecta", ha aseverado Saladich.
Por ello, los servicios jurídicos municipales han trabajado en la defensa de la posición municipal y ahora será el magistrado titular del juzgado contencioso administrativo 2 de Girona el que decidirá si se celebra la consulta o no.
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