La Audiencia Nacional ha comenzado a tomar medidas para evitar una mayor propagación del coronavirus. El magistrado que instruye el caso del Banco Popular, José Luis Calama Teixeira, ha dado un paso al frente y ha decidido suspender las declaraciones del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y del exministro de Economía Luis de Guindos, si bien esta última se iba a celebrar por videoconferencia debido a los problemas que tiene para viajar a España en calidad de vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).
En una providencia a la que ha tenido acceso La Información, el instructor explica que, ante "la creciente preocupación" que ha generado la rápida expansión de este virus en España, lo conveniente es suspender estas dos testificales señaladas para este próximo 18 de marzo y 2 de abril, respectivamente. Los motivos que aduce el magistrado son que se trata de un procedimiento con 33 personaciones, lo cual quiere decir que en esta cita judicial habría una gran cantidad de abogados, tanto de las defensas como de las acusaciones, encerrados en un mismo habitáculo.
A ese respecto explica que las declaraciones que tienen lugar en la sede de la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez se realizan en una sala de "dimensión insuficiente" para acoger a tantos letrados, al fiscal Anticorrupción al frente del caso y a los funcionarios del juzgado. De este modo, Calama Teixeira ha sido de los primeros magistrados en tomar cartas en el asunto y apostar por la suspensión de esta diligencia a la espera de ver qué ocurre con las testificales de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y de Rodrigo Echenique, los cuáles están llamados también como testigos pero sin fecha a día de hoy.
Suspensión de la Gürtel
La crisis que está suponiendo el avance de este virus en nuestro país llevó al CGPJ a reunirse de manera extraordinaria este mismo miércoles para estudiar qué medidas tomar en los juzgados de toda España. Un día después de la reunión de la Comisión Permanente, la Audiencia Nacional hizo lo propio y acordó que los presidentes de las salas de lo Penal, Contencioso y Social reportarían al máximo responsable de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, qué diligencias y qué juicios pueden suspenderse a tenor de la excepcionalidad de esta situación.
De este modo, ya se han ido tomando las primeras decisiones y, de hecho, el tribunal que está juzgando a los cabecillas de la trama Gürtel por irregularidades en los contratos de la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006, ya advirtió este mismo jueves por la tarde que se suspenderían todas las sesiones previstas al menos para los próximos 29 días. El juicio que se sigue contra Josep Lluis Trapero y otros cargos de Interior por la deriva independentista catalana continuará su cauce pero con un matiz: los acusados podrán encarar la recta final del procedimiento por videconferencia desde los juzgados de Barcelona, de manera que se librarán de tener que estar presentes en la sede de la Audiencia Nacional.
Se trata de medidas extraordinarias que nunca antes se habían acordado en este órgano desde su nacimiento a finales de la década de los años setenta. La decisión de la Sala de Gobierno implica que se estudiará caso por caso si procede o no la suspensión de todos los señalamientos pendientes, la mayoría de los cuáles guardan relación directa con las principales causas de corrupción del país. Con todo, la Sala también ha decidido crear una comisión de seguimiento del Covid-19 para ver la evolución del asunto las próximas semanas así como requerir al Ministerio de Justicia mascarillas, soluciones alcohólicas y otros materiales para poder garantizar la seguridad de los funcionarios y letrados de la administración de Justicia que tienen que desarrollar su trabajo 'in situ'.
Futuro incierto en la Audiencia
Esto puede provocar retrasos en causas cuya complejidad hace que se necesiten años para ser instruidas del todo. En el caso del Popular, en el que el juez indaga los motivos que provocaron el colapso del sexto grupo bancario del país, las diligencias de investigación arrancaron en octubre de 2017 tras la presentación de varias querellas de particulares y de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió indagar estos hechos por la vía penal. Dos años después, y ya con el peritaje del Banco de España aportado a la causa, arrancaron los interrogatorios a los acusados, de entre los que destacan los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
Tras escuchar a los peritos del Banco de España llegó el turno de los testigos de la mano de la expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez y el exgobernador del supervisor Luis María Linde. El siguiente en la lista era Albella, el cual ahora tendrá que esperar a que el magistrado señale nueva cita en función de cómo siga impactando el avance del virus en España. En este procedimiento penal se investiga, por un lado, la fase relativa a la ampliación de capital de 2016 y, por otro, los últimos meses de vida del banco en los que se podría haber cometido el delito de manipulación de mercado con la difusión de presuntas noticias falsas desde el Consejo que habrían hecho caer el valor de la acción hasta su desplome final.
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