Más de medio año después de la condena a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los sanfermines de 2016, Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'la Manada', ha sido suspendido de sus funciones, tal y como ha publicado el Boletín Oficial de Defensa este viernes.
De este modo, Guerrero, que estaba en activo y cobrando un sueldo, aunque sin tener destino, deja de percibir un salario público, tal y como ha avanzado 'LaSexta'. Esta decisión se habría tomado el pasado 10 de diciembre, cuando le fue notificada una decisión adoptada cinco días antes. La orden está firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el subsecretario del Ministerio, Alejo de la Torre.
El cuerpo de Guardia Civil se vio obligado a readmitir a Guerrero el verano pasado, según establece la normativa 88.2 y 92.2 de la Ley 29/2014, si bien no le asignó ningún destino, aunque estaba encuadrado "a efectos de régimen interior" en la Comandancia de Córdoba tras su salida de la cárcel de Pamplona, donde llevaba casi dos años preso. Ahora, con una condena en firme, aunque recurrida ante el Supremo, se le ha podido suspender de funciones.
En la misma situación se encontraba el integrante de La Manada que era militar, Alfonso Jesús Cabezuelo, hasta que el pasado mes de octubre fue expulsado de las Fuerzas Armadas en virtud de la Ley de Tropa y Marinería. Fuentes de la Guardia Civil explicaron entonces que el Cuerpo no podía actuar de la misma manera con Guerrero hasta no existir sentencia firme, ya que los agentes de la Benemérita no están sujetos al mismo régimen disciplinario que los militares.
Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Navarra decidió que 'la Manada' siguiera en libertad a la espera de que su condena sea firme a finales de diciembre. El ingreso en prisión dependía de la decisión del tribunal que ordenó previamente la excarcelación de José Ángel Prenda, Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza. La Audiencia tomó esta decisión por mayoría de dos magistrados y con el voto en contra del presidente de la sección, que abogaba por el ingreso en prisión sin fianza de los cinco condenados.
Esta decisión se tomó en contra del criterio de la Fiscalía, que había pedido su ingreso en prisión tras confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la condena a nueve años impuesta por la Audiencia, ya que "la no modificación de los llamados hechos probados por el TSJN al resolver el recurso de apelación y las especiales características del recurso de casación, hacen necesario asegurar el cumplimiento de la condena" y evitar la "posibilidad de que los penados se sustraigan a la acción de la justicia".
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