"Súsper" descalifica al tribunal, que hoy dictará sentencia

París.- El que fuera jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, "Súsper", descalificó al Tribunal de lo Criminal de París que lo juzga junto a otros seis presuntos miembros de la banda y que hoy hará pública su sentencia.

Fernández Iradi, para el que la Fiscalía pide en este caso 20 años de prisión -y que ya ha sido condenado en Francia en dos ocasiones a 30 y 15 años respectivamente-, cuestionó la imparcialidad de los ocho jueces.

"Ustedes van a seguir un guión que está escrito de antemano", y que pasa por seguir "la misma lógica" de la "represión", que según sus palabras practican "el Estado español" y el francés.

Se quejó de que en Francia el País Vasco "no tiene ningún reconocimiento institucional" o administrativo, e igualmente que en España "nos impusieron la Constitución".

Para otro acusado, José Luis Rubenach Roiz, el fiscal pide 15 años de cárcel como el ex responsable de la logística del aparato militar en el momento de su arresto en diciembre de 2003.

El fiscal pide ocho años de cárcel para Patxi Abad Urkixo, que fue arrestado como los demás en diciembre de 2003, en su caso junto a Súsper en Mont de Marsan.

También está imputado el que el Ministerio Público presentó como quien era el jefe de los comandos de ETA, Gorka Palacios Alday, para el que reclamó 18 años de cárcel.

Para José Miguel Almandoz Erviti y para Íñigo Vallejo Franco, que según el fiscal, Olivier Bray, trabajaban juntos en la formación de activistas de la banda, se pide 12 años para cada uno.

Junto a los habituales cargos que pesan sobre los presuntos etarras juzgados en Francia, -como formar parte de una organización terrorista, portar armas, tenencia de explosivos, usar documentos falsos, todos ellos están inculpados por tentativa de extorsión de fondos.

El fiscal insistió ayer en que los miembros del aparato militar "participan en la extorsión" para obligar a que empresarios vascos y navarros paguen el llamado "impuesto revolucionario".

Bray requirió para los seis anteriores el cumplimiento efectivo de dos tercios de sus penas y, cuando salgan de la cárcel, la expulsión definitiva de Francia.

Para la única mujer que se sienta en el banquillo, y que comparece libre bajo control judicial, Garazi Aldana -quien tiene doble nacionalidad, española y francesa-, la sanción demandada es de cinco años de prisión.