Madrid, 11 nov.- El Tribunal de Cuentas ha detectado un "menoscabo" en los caudales públicos con las subvenciones para cursos de formación para el empleo concedidas en 2010, algo que ha atribuido a la falta de control por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Fundación Tripartita.
Según ha explicado hoy el Tribunal de Cuentas, las entidades que en 2010 se beneficiaron de 426 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación sólo generaron rendimientos financieros por valor de 220.697 euros.
El Tribunal ha estudiado la labor realizada por la Fundación Tripartita -compuesta por Gobierno, patronal y sindicatos- y ha detectado una "vulneración de los principios de transparencia y concurrencia" por parte de CEOE, Cepyme, UGT y Fundación Laboral de la Construcción, .
Ha constatado que, en 2010, sólo el 44,67 % de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación declararon la obtención de dichos ingresos, tasa que se reduce al 30,49 % en el caso de las entidades que desarrollaron las acciones de apoyo y acompañamiento.
Así, los 412,3 millones de euros destinados ese año a fondos para planes de formación y los 14,1 millones de euros a fondos liberados para acciones de apoyo generaron unos rendimientos financieros "muy escasos", por valor de tan sólo 197.390 euros y 23.307 euros, respectivamente.
El Tribunal de Cuentas ha resaltado que esta situación no alertó al SEPE ni a la Fundación Tripartita, que no requirieron a las entidades beneficiarias "los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un menoscabo en los caudales públicos".
Ha recomendado al Ministerio de Empleo, al SEPE y a la Fundación Tripartita "un análisis de las situaciones expuestas" y "la subsanación de las deficiencias detectadas"
Entre otras deficiencias detectadas, ha indicado "la ausencia de sistemas de control" que impidió verificar con exactitud el coste en personal de los planes de formación y de las acciones de apoyo y acompañamiento a la misma, fijado en 2010, en un total de 54,22 millones de euros.
Las entidades beneficiarias de subvenciones, ha constatado el Tribunal, carecían de medios internos o sistemas de control horario para determinar "de forma objetiva" el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de planes de formación.
Además, el Tribunal ha hallado "excesiva" e "injustificada subcontratación" realizada por las empresas beneficiarias de los fondos, que tan sólo pueden subcontratar por ley la mitad de estos cursos de formación.
Concretamente, el Tribunal ha comprobado que en 227 de los 300 convenios de formación formalizados en 2010 se superó dicho límite y que en 76 de ellos se subcontrató la totalidad de los cursos.
Asimismo, ha subrayado que sería necesario estudiar la idoneidad recuperar la obligación de solicitar tres ofertas a diferentes proveedores de cursos de formación a la hora de subcontratar las actividades subvencionadas, ya que en la actualidad hay una "adjudicación directa a favor de empresas proveedoras de formación por parte de empresas beneficiarias de las mismas".
Así, ha citado que la CEOE contrató de forma directa 4,3 millones de euros sin solicitar tres ofertas previamente; cifra que en el caso de Cepyme asciende a 7,7 millones; en el de la Fundación Laboral de la Construcción, a 12,2 millones; y en el de UGT, a 1,1 millones.
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