Teddy Bautista, a la espera de declarar ante el juez

Bautista, uno de los nueve detenidos en relación con un presunto desvío de fondos en la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), filial de la SGAE, conocerá entonces los delitos que se le imputan.

Como las diligencias instruidas por la Audiencia Nacional son "secretas", "aún no sabemos las imputaciones" que pesan sobre Bautista y los tres directivos de la SGAE que han sido detenidos por la Guardia Civil, encargada de la investigación, han señalado.

El registro efectuado por la Guardia Civil en la sede de la SGAE se prolongó unas catorce horas y concluyó pasada la una de la madrugada de hoy.

Bautista y los otros tres directivos de la SGAE detenidos se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos o en un cuartel de Las Rozas, dos localidades situadas a las afueras de Madrid, según las fuentes.

Los otros detenidos de la SGAE son el director general, Enrique Loras; el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, y el director general de la sDae, José Neri.

Se espera que a lo largo del día los cuatro "vayan designando a sus abogados" defensores, "con experiencia en lo penal", para que les asistan en la toma de declaración judicial, cuyo comienzo no se espera para antes de esta tarde, según las fuentes.

De momento, se les imputan delitos societarios y de apropiación indebida por haber creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado "grupo SGAE", según una nota de prensa facilitada ayer por la Guardia Civil.

En el marco de la investigación igualmente están incursas algunas de las entidades dependientes de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor, así como algunos de los componentes de su cuadro directivo", añadía el comunicado.

En la operación, desarrollada en Madrid, participan más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos en marzo de 2010, aunque la Guardia Civil llevaba investigándolos desde 2008.