Según Iván Gómez, el mencionado expediente sancionador, aún en fase de instrucción, "es el resultado de una gestión irresponsable y al margen de todo protocolo", una situación "heredada" del anterior gobierno municipal del PP.
Los citados elementos se encuadran en el denominado como parque del Sol, en Espartinas, construido durante los mandatos municipales del PP y donde el Juzgado mixto número tres de Sanlúcar la Mayor investiga las adjudicaciones municipales a la sociedad Da Fra Espartinas. Dicha empresa privada, propiedad de la esposa del que fuera gerente de dos sociedades municipales durante la era del PP, resultó adjudicataria de dos contratos públicos promovidos por el Ayuntamiento espartinero, cuando estaba bajo el mandato del popular Domingo Salado.
Salado, de hecho, figura en la causa como investigado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad de documento oficial, toda vez que Da Fra Da fue adjudicataria tanto de la explotación del restaurante del parque del Sol, como del contrato relativo a la conservación, mantenimiento, jardinería y limpieza integral de dicho parque.
El caso es que además de esta causa judicial, y mientras el restaurante del parque está actualmente cerrado, el futuro de esta zona verde está también pendiente de un expediente sancionador incoado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
SIN AUTORIZACIÓN DE LA CHG
El expediente, según un documento del Ministerio recogido por Europa Press, deriva de que en el mencionado parque del Sol fueron construidos "un parque de recreo al que se accede a través de un puente que cruza un arroyo, compuesto por un vallado perimetral y una zona de juegos infantiles, en zona de servidumbre del mencionado arroyo", sin la autorización correspondiente de la CHG. Tampoco contaría con autorización, según el documento, la construcción de "un restaurante en la zona de policía de dicho cauce".
Por todo ello, el expediente sancionador detecta una "infracción leve" de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, proponiendo como "posibles sanciones" una multa de 6.684 euros al Ayuntamiento y la "obligación de reponer las cosas a su estado anterior" en el caso del puente sobre el arroyo, la zona de juegos, el vallado y el restaurante, si bien la medida quedaría "supeditada a la legalización si ésta fuera posible".
El Ayuntamiento de Espartinas, no obstante, asegura que formulará alegaciones ante este expediente sancionador, "por responsabilidad" con la ciudadanía, pues según apunta Iván Gómez, "la inversión realizada en su día con dinero público es motivo más que suficiente para intentar preservar dicho espacio de ocio para Espartinas". "Eso sí, acataremos la resolución final, como no podía ser de otra manera", expone.
En ese sentido, recuerda que la mencionada causa judicial por las adjudicaciones a Da Fra "impide una nueva adjudicación del restaurante hasta la espera de la resolución". "A los problemas judiciales ya conocidos por el Caso Da Fra, hay que sumarle un nuevo capítulo de mala gestión traducida en posibles sanciones y que imposibilitan, por el momento, desarrollar proyectos de revitalización de dicho espacio", ha lamentado.
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