Tercera pena a "Súsper" en Francia, que condena además a otros seis etarras

  • París.- El ex jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, "Súsper" recibió hoy la tercera condena en Francia, ésta de 30 años de cárcel -tras dos en 2008 de 30 y 15 años-, al término de un proceso en el que también fueron sentenciados otros seis miembros de esa organización terrorista.

"Súsper" condenado a 30 años y otros seis subalternos a entre 18 y 5 años
"Súsper" condenado a 30 años y otros seis subalternos a entre 18 y 5 años

París.- El ex jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, "Súsper" recibió hoy la tercera condena en Francia, ésta de 30 años de cárcel -tras dos en 2008 de 30 y 15 años-, al término de un proceso en el que también fueron sentenciados otros seis miembros de esa organización terrorista.

El Tribunal de lo Criminal de París consideró también culpables a otros seis etarras, entre los que destacan el que fuera jefe de los comandos de la banda, Gorka Palacios Alday, sentenciado a 18 años, y el responsable de la logística del aparato militar, Juan Luis Rubenach Roiz, al que le cayeron 15 años.

Estos tres antiguos dirigentes de ETA, junto a los otros cuatro activistas -José Miguel Almandoz Erviti (12 años de cárcel), Íñigo Vallejo Franco (12 años), Patxi Abad Urkixo (10) y Garazi Aldana (5)- habían sido arrestados en dos operaciones encadenadas que tuvieron lugar en el suroeste de Francia (en Mont de Marsan y en las afueras de Pau) en diciembre de 2003.

Todos ellos deberán cumplir de forma efectiva dos tercios de sus penas respectivas, y cuando las terminen se dictará contra ellos la expulsión definitiva de Francia, salvo Aldana, que se encontraba por ahora en libertad bajo control judicial, y que en principio no deberá volver a prisión, donde ya pasó un año.

Para "Súsper", el tribunal decidió aplicar la llamada "confusión" de penas entre la de hoy y otra de 2008 que se le había impuesto también por su papel al frente del aparato militar pero en un periodo anterior al ahora considerado, que va desde que logró escapar de la comisaría de Bayona en diciembre de 2002 (dos días después de su primer arresto), hasta su segunda detención en diciembre de 2003.

Esa "confusión" significa que a efectos prácticos de cumplimiento, sólo prevalece la pena mayor, que en este caso es la de 30 años y que en términos de cumplimiento efectivo son 20.

No obstante, eso sí que se añadirá a otra condena a 30 años que le fue impuesta en Francia a este etarra de 37 años, que tiene varias causas abiertas en España, por haber dejado malherido a un gendarme en un tiroteo en noviembre de 2002.

La caída de los siete ahora juzgados se produjo en dos operaciones policiales -con cinco días de intervalo- en el suroeste de Francia (en Mont de Marsan y en las afueras de Pau), en las que la policía se aprehendió de abundante documentación operativa del aparato militar, así como de numerosos elementos de su contabilidad interna.

Los jueces fueron, para Fernández Iradi y para Abad Urkixo, más severos que la Fiscalía, que en su requisitoria había reclamado 20 y 8 años de cárcel respectivamente.

Pese a esa mayor severidad, no retuvieron la imputación de tentativa de extorsión de fondos que se había incorporado contra los siete en el acta de acusación, y que se basaba en documentos que se les requisaron, en particular unos ficheros informáticos con datos de 125 empresarios vascos y navarros que se habían negado a pagar a la banda el "impuesto revolucionario" que les reclamaba.

Pero el tribunal estimó que está demostrada la culpabilidad de estos etarras por todos los otros cargos, incluido el de receptación del producto de la extorsión de fondos, es decir, servirse para sus actividades terroristas del dinero del "impuesto revolucionario", a sabiendas de que procedía del chantaje a empresarios.

Durante el proceso, iniciado el pasado día 16, se presentaron los casos de decenas de empresarios "recalcitrantes" por no haber querido pagar a ETA, sobre los que el aparato militar disponía del historial del chantaje, así como de detalles precisos que podían permitir acciones de presión contra ellos.

Más allá de lo relacionado con la extorsión, el fiscal, Olivier Bray, había destacado que el aparato militar en el que los siete estaban integrados "es el centro del dispositivo del terror" de ETA, y como tal "directamente responsable" de los 828 muertos que la banda tiene a sus espaldas en medio siglo de existencia.

Excluyendo a Aldana, que se jugaba su vuelta a la cárcel, los otros seis se negaron sistemáticamente a colaborar durante el proceso con el tribunal, y sólo intervinieron para lanzar proclamas políticas.

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