El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que adopte medidas cautelarísimas con "carácter inmediato" para proteger los derechos de los consellers designados por él pero cuyo nombramiento está bloqueado por el Gobierno central.
Torra ha recibido hoy el dictamen que encargó el pasado miércoles a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que concluye que el Gobierno debe permitir la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de los nombramientos de los consellers del nuevo Govern.
El dictamen jurídico considera que no publicar el decreto de nombramientos en el DOGC sería incurrir en un "incumplimiento" de la ley y avala que los consellers designados por Torra que se encuentran en prisión preventiva -Jordi Turull y Josep Rull- y los que permanecen en el extranjero -Antoni Comín y Lluís Puig- pueden tomar posesión.
El presidente catalán, Quim Torra, ha urgido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a desbloquear "inmediatamente y sin más dilaciones" el nombramiento de los consellers del nuevo Govern, para "restablecer la normalidad institucional" en Cataluña, y le ha ofrecido abrir un "diálogo sincero". En una carta enviada a Rajoy, Torra le traslada los argumentos jurídicos contenidos en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que considera que el Gobierno debe permitir ya la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del decreto de nombramiento de los consellers.
Paralelamente, pedirá al TSJC que adopte medidas cautelarísimas con carácter inmediato para "proteger los derechos" de los consellers nombrados a tomar posesión de su cargo.
En caso de que el Gobierno "mantenga su actitud inaceptable de bloqueo de las atribuciones del presidente de la Generalitat y del derecho de todo el pueblo catalán a tener un Govern", ha advertido Torra, tiene previsto "adoptar medidas legales pertinentes para hacer respetar sus derechos". Entre estas medidas, ha señalado en su comunicado, Torra no descarta una querella por "prevaricación" contra Rajoy.
En su dictamen, la Comisión Jurídica Asesora concluye que las atribuciones que reserva el Estatut de forma "exclusiva" al presidente de la Generalitat para nombrar al Govern "no pueden estar sometidas a autorización ni control derivados de las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución".
Así, pese a que la publicación de los nombramientos en el DOGC está sometido a una autorización del Gobierno, por la aplicación del 155, los juristas de la Generalitat remarcan que se trata de un acto "reglado y debido" que se debe llevar a cabo. En este sentido, si se deniega esta publicación, "el órgano que tiene que autorizar la publicación del decreto incurre en un incumplimiento de la ley", advierten, en alusión al Gobierno.
En este contexto, los juristas proponen utilizar la vía jurisdiccional contencioso administrativa y, posteriormente, si es necesario, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por parte de las personas afectadas por la no publicación del decreto del pasado 19 de mayo.
La Comisión sostiene que los consellers nombrados -dos de ellos en prisión y otros dos huidos a Bélgica- "no tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos y no concurre ninguna circunstancia legal que impida que puedan tomar posesión". Los juristas subrayan que la toma de posesión es "condición para la válida constitución del Govern" pero puntualizan que este acto no necesariamente tiene que celebrarse de forma simultánea o en el mismo lugar en todos los casos.
De esta manera, avalan que los consellers nombrados que no están en Cataluña por estar encarcelados o en el extranjero puedan tomar posesión del cargo en espacios diferentes al Palau de la Generalitat -donde se celebra este acto en condiciones normales- e incluso fuera de las fronteras.
También indican que "no se exige legalmente una determinada formalidad para la toma de posesión" ni tampoco "una determinada fórmula de promesa o juramento del cargo", y que solo se requiere de una "constatación fehaciente" de la voluntad personal del nombrado a ejercer al cargo de conseller y cumplir con sus obligaciones.
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