Un año después de proclamarse la llamada DUI (Declaración Unilateral de Independencia), el 'procés' sigue estancado a la espera de desencallar con varios frentes abiertos que pueden derivar en un escenario a todas luces incierto. La decisión del Supremo de enviar a juicio a los 18 procesados por la causa del "procés", entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, nueve exconsellers y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell abre así la caja de Pandora en Cataluña. Y el president de la Generalitat, Quim Torra, no cede ni un milímetro: "Volver atrás no es opción".
El juicio marcará el devenir de la legislatura catalana, tal y como anunció el propio president, y a su vez, también marcará la política nacional. Porque la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sigue pendiente del papel que los independentistas vayan a adoptar en el Congreso. Una postura que con el paso del tiempo parece más cerca del 'no' a las cuentas, que de un visto bueno.
Pese al acuerdo entre PSOE y Podemos, la debilidad del Ejecutivo de Sánchez, que gobierna con tan sólo 84 diputados, convierte en fundamental la posición de los partidos independentistas respecto a las cuentas del Ejecutivo socialista. Una postura que con el paso del tiempo, lejos de acercarse a posiciones más moderadas que pudieran vislumbrar un posible apoyo, se han radicalizado tal y como demostró este sábado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que exige de nuevo un gesto del Gobierno con los presos del procés. "Volver atrás no es ninguna opción", ha defendido en un mensaje desde el Palau. Y vuelve a marcar sus líneas rojas: "Nuestro compromiso con la libertad no será moneda de cambio, el derecho a la autodeterminación es un derecho del pueblo de Catalunya al que no renunciaremos". Torra insiste en decir que no aceptarán "una condena para los presos" y que se "enfrentarán a ella con determinación".
Desde la CUP insisten en recordarle a Torra que su vía para los próximos meses pasa por una estrategia de ruptura democrática con el Estado y un "nuevo ciclo de organización popular y movilización que conduzca de nuevo al ejercicio del derecho a la autodeterminación".
En un comunicado, el partido ha señalado la necesidad de "un proceso de desobediencia civil e institucional destituyente del Régimen del 78" para un nuevo punto de inicio en la ruptura con el Estado y que retome el referéndum del 1 de octubre.
No es nada sencillo adivinar de que manera se puede clarificar la situación política y económica en España, intimamente ligada a la situación en Cataluña desde que Pedro Sánchez accediera a la Moncloa tras salir adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y es que, pese a que en los últimos días se ha intuido cierta flexibilidad por parte del Ejecutivo al sugerir que el delito de rebelión "solo lo pueden cometer militares y civiles armados ", desde las filas independentistas siguen sin dar su brazo a torcer y exigen un gesto de la Fiscalía en favor de los presos políticos. "Podría ser un inicio pero con esto no es bastante para que su apoyemos los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", manifestó David Bonheví, presidente del PdeCat.
Más rotundo ha sido Joan Tardá. Tanto esta semana en el Congreso de los Diputados como a la salida de la cárcel de Lledoners, tras la reunión entre distintos miembros de ERC y el líder de Podemos Pablo Iglesias, el diputado catalán advirtió que sin gestos a favor de los políticos en prisión no se sentarán a negociar. "ERC no se sentará a negociar respecto a los Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no hace un movimiento previo, que es instar a la Fiscalía a actuar respecto a la situación de los diputados encarcelados. Nuestra formación no va a participar si el Gobierno no hace ningún movimiento y, si hace ese movimiento, veríamos las consecuencias. Queremos poner en valor nuestra coherencia y transparencia", manifestó el diputado en el Congreso tras reunirse con Iglesias y Junqueras. E insistió en su postura esta semana en el Congreso.
"Ya hablamos todos lo suficientemente claro como para que nos ahorremos las payasadas", comentó el portavoz de ERC en el Congreso, al ser preguntado sobre si el Ejecutivo se había puesto en contacto con su partido para negociar las cuentas públicas para 2019. Por su parte, el portavoz parlamentario del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, confirmaba que el Gobierno tampoco se ha puesto en contacto con ellos para negociar el proyecto presupuestario pero en su caso apuntó que si les llama, acudirán a explicarles cuál es su posición.
Otro pulso. Horas después de que el Gobierno anunciara que llevará al Constitucional la reprobación al Rey a pesar de que no cuenta con el aval del Consejo de Estado, el Ayuntamiento de Barcelona sacó adelante una declaración institucional en la que "rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre", y apostaba por la abolición de la monarquía. Un nuevo conflicto, el del papel del Rey el 1 de octubre de 2017, que no hace sino bloquear aún más la situación, y con ello, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
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