La mesa para negociar el conflicto de Cataluña entre Gobierno central y la Generalitat no cumplirá con el principio de que todos sus participantes ostenten un cargo en el poder ejecutivo. Esta es la primera singularidad que tendrá esta reunión convocada en el Palacio de la Moncloa para este miércoles. Una situación que viene motivada por la decisión del president, Quim Torra, de incluir en su delegación a cargos secundarios del Govern o a diputados del Parlament. Y entre los que estarán incluso cargos públicos que fueron imputados en la causa del procés por su participación en todo lo que rodeó al referéndum del 1 de octubre.
De esta manera, las delegaciones estarán descompensadas en lo que a números de cargos con competencias sobre un área se refiere. Por el lado del Gobierno, además de Pedro Sánchez, estarán dos vicepresidentes y hasta cinco ministros. Mientras, en el lado de la mesa de la delegación catalana que lidera Torra, habrá otros tres miembros de su consejo de gobierno, como son el vicepresident, Pere Aragonés, y los consellers Jordi Puigneró y Alfred Bosch. El resto son el exjefe de Gabinete del president y actual director de Análisis y Prospectiva, Josep Rius, una diputada de Junts per Catalunya como Elsa Artadi y otros dos de ERC, la portavoz Marta Vilalta y el parlamentario Josep Maria Jové. Es decir, hasta ocho miembros del Ejecutivo central frente a solo cuatro del catalán.
La polémica por la representación catalana no se produce solo por haber dejado fuera a otros consellers en favor de otros cargos públicos. La elección de Josep Maria Jové, que fue la 'mano derecha' del exvicepresident ahora encarcelado Oriol Junqueras, también forma parte de esta problemática. El motivo es su imputación en la causa del procés, además de su citación ante el Tribunal de Cuentas por las sospechas de que cometió un posible delito de malversación de fondos públicos. De esta manera, un encausado por el 1-O será uno de los interlocutores aceptados por Moncloa para el encuentro. A cambio, no estará la consellera de Justicia catalana, Ester Capella, que era una de las figuras esperadas para la reunión por las competencias de las que dispone.
La elección de los miembros realizada por Torra ha despertado ciertos recelos entre Moncloa e incluso en algunos sectores del independentismo. Todo en medio de una situación que es ya especialmente tensa entre los socios del Govern, que ya están preparándose para las elecciones autonómicas una vez aprueben los Presupuestos. Fuentes de ERC consultadas por este diario niegan estos problemas, ya que "se ha hecho la mejor delegación posible pensando en criterios de procesos de negociación". Por eso, se ha optado por "perfiles con experiencia en negociaciones" o "con habilidades comunicativas", señalan. "La lógica no es de delegación para hacerse una foto sino para trabajar duro y poder llegar a acuerdos", reiteran estas mismas fuentes.
El pesimismo de Moncloa
Esto tampoco ha ayudado al pesimismo que ya imperaba en el Gobierno desde hace semanas. Estos recelos respondían sobre todo a los pasos dados por Junts per Catalunya y a su cuota dentro del Govern catalán, con el president Torra incluido, que en ningún caso fueron a favorecer que la mesa se celebrara con normalidad. Desde Moncloa ya admitieron estar descontentos con que hubiera representantes públicos catalanes que "no salen de su estrategia preelectoral". Un dardo que iba dirigido a JxCat y a Torra cuando la fecha de celebración de la reunión ni se conocía, precisamente por la falta de acuerdo al respecto. La desconfianza no hizo más que crecer cuando se produjo la ya mencionada 'guerra de fechas', con el president negándose a que la reunión bilateral fuera en el día que le marcó Sánchez.
La insistencia con el relator por el lado catalán tampoco ha ayudado a que el ambiente previo a la reunión sea el más favorable. El president catalán no se ha desmarcado en ningún momento de esta petición, mientras desde el Ejecutivo central la descartaban por completo. Y aunque no está previsto que una figura así forme parte de la mesa, Torra va a insistir durante la reunión en ello. Una postura en la que tampoco coincide con ERC, que aunque vería bien que hubiera una especie de árbitro, no lo considera imprescindible para que el Govern pueda negociar en las condiciones a las que aspira con el Estado.
Donde sí coinciden los socios del Ejecutivo catalán es en lo que tiene que ver con la autodeterminación y la amnistía a los presos del procés. Ahí no hay discrepancias en la delegación catalana, que quiere que estos asuntos sean de los más importantes en las discusiones que se produzcan. Algo que el PSOE descarta por completo, al apostar por una consulta sobre el acuerdo de ambas partes sin que suponga una "ruptura". Aunque los propios socialistas han repetido en varias ocasiones que no presentarán "líneas rojas" para favorecer el acuerdo.
Unidas Podemos iba a estar representada por el vicepresidente Pablo Iglesias, que tiene una posición más ambivalente sobre la autodeterminación. Sin embargo, Iglesias no podrá acudir a la cita ya que sufre amigdalitis. Aunque es un asunto al que renunciaron al firmar el pacto de gobierno con los de Pedro Sánchez, nunca se han desmarcado de favorecer esta vía. Sobre todo por la 'presión' de los 'comuns', la marca catalana que lidera Ada Colau.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios