El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa anuncian el inicio de un proceso para demandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado español". Según un comunicado de la oficina del expresidente de este martes, ya han presentado un requerimiento "exigiendo el cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas de espionaje ilegal" y en los próximos diez días presentarán ante el Tribunal Supremo una demanda -textualmente- de protección de los derechos fundamentales contra el presidente y su Gobierno. Si este procedimiento termina con un recurso de amparo inadmitido o resuelto en el Tribunal Constitucional, prevén presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).
Una decisión que toman tras el informe publicado por "los investigadores de CitizenLab", que han detectado "ocho infecciones con Pegasus" a Torra durante el año 2020 y otras cuatro infecciones a Costa en 2019. Además de las "múltiples denuncias penales" en las que también participarán Torra y Costa, los dos exrepresentantes institucionales de JxCat han anunciado otras tres acciones. La primera es un requerimiento contra Sánchez y el Gobierno español para exigir el "cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas del espionaje ilegal".
En segundo lugar, presentarán ante el Tribunal Supremo, en un plazo de diez días, una "demanda de protección de los derechos fundamentales" contra Sánchez y su Ejecutivo. Por último, cuando se haya inadmitido o resuelto posteriormente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, tienen previsto presentar una "demanda de vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal de Estrasburgo".
Torra y Costa quieren que España sea "condenada" por la "vulneración de derechos fundamentales", como los derechos a la intimidad y la privacidad personal y familiar, al secreto de las comunicaciones y la protección de datos, los derechos a la libertad de opinión y expresión, los derechos a la libertad de asociación y reunión, los derechos de participación y representación políticas, así como los derechos de defensa y a un proceso equitativo.
"No nos interesa tanto esclarecer qué persona concreta o qué departamento o servicio lo ha hecho, sino demostrar que ha existido una vulneración de derechos fundamentales absoluta, total y sin ningún tipo de base legal o de cobertura jurídica", ha insistido Costa en una entrevista en RAC1 de este martes recogida por Europa Press, y ha remarcado su intención de llegar a Estrasburgo por su desconfianza -ha dicho- en la justicia española.
Ha justificado que la demanda sea contra el Ejecutivo y no la empresa propietaria del software porque "quien hace un mal uso de esta herramienta es quien la utiliza para hacer espionaje". "No estamos diciendo que las actuaciones que se están haciendo por parte de los otros afectados no sean también útiles e interesantes, porque también participaremos, estamos abriendo un nuevo frente", ha zanjado.
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