El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado este lunes el pleno para investir al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), para este viernes 13.
Torrent ha firmado esta mañana el decreto de convocatoria del debate de investidura, después de la ronda de consultas que llevó a cabo entre el viernes y el sábado, tras la que propuso el nombre de Sànchez, que esgrimirá un escrito del Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le permita salir de la cárcel para poder ser investido president.
El Comité de Derechos Humanos, formado por 18 miembros, aún no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, pero dos de ellos firmaron un escrito en el que se llamaba a España a adoptar "las medidas necesarias para garantizar" que pueda "ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
En este escrito dirigido al Supremo, Torrent señala que "la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura". En el caso de que el Tribunal Supremo "no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales", añade. Torrent recalca que Sànchez "es diputado del Parlamento de Cataluña y se encuentra en prisión preventiva, pero dicha medida cautelar no puede ser utilizada para limitar el legítimo ejercicio de sus derechos políticos".
Después de ofrecer al juez renunciar a su escaño y carrera política para volver a su puesto de profesor en la Universidad, Sànchez aceptó de nuevo ser candidato a la Presidencia de la Generalitat a petición del presidente del Parlament, Roger Torrent, el 8 de abril pasado. Esta es la segunda ocasión en que el exlíder de la ANC se presenta después de que Llarena frustrara la primera al mantenerlo en prisión.
Los cálculos de los partidos independentistas contaban con la delegación del voto de Puigdemont, posible después de haber sido aprobado por la Mesa del Parlament después de constatar que su presencia en la cárcel lo permitía, pero contaba con la incógnita del Toni Comín, que no podía votar por estar huido en Bélgica. Con las medidas cautelares decretadas por la justicia del país centroeuropeo, el diputado puede también pedir la delegación de voto y sumar así los 66 diputados contra 65 de la oposición que harían president al número dos de JxCat encarcelado, con la abstención de la CUP. Con todo, el Gobierno estudiaría impugnar la delegación del voto que el PP ha dado por hecho que no podrá evitar.
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