Torres Dulce salva el órdago y la Junta apoya la querella a Mas

La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado la decisión del fiscal general del Estado,Eduardo Torres-Dulce, de querellarse contra el presidente catalán, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos en el proceso participativo del 9N, según han asegurado fuentes fiscales.

Aunque el encuentro de la cúpula de la carrera fiscal todavía no ha concluido, después de cuatro horas de reunión los fiscales de sala han expresado a Torres-Dulce su"práctica unanimidad" en la decisión de querellarse, según las fuentes.

La Junta de Fiscales de Sala lleva reunida desde las 10.00 horas a instancias de Torres-Dulce, para explicar su intención de presentar querella por el proceso soberanista alternativo catalán del 9N, después de que la Fiscalía de Cataluña se haya opuesto a hacerlo.

En la cumbre fiscal, que se celebra en la sede de la Fiscalía General del Estado, Torres-Dulce argumenta los motivos por los que apoya iniciar acciones penales contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y usurpación de funciones, según fuentes fiscales.

Estas personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña.

Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, han faltado el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que se encuentra enfermo..

Otro de los documentos que la Junta tiene sobre la Mesa es el acta de la reunión que celebraron los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Catalunya y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella.

Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa"parece responder a una decisión meditada" de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.

"La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos" y "tampoco se dirige a un destinatario concreto", apuntan los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas.

El documento, de ocho páginas y que sólo se refiere al delito de desobediencia y no a otros supuestos penales, añade que, pese a las objeciones para interponer las acciones penales ellos son conscientes de que en contraste con el papel del TC "como parte procesal respetuosa y sumisa con el 'iter procesal'", por parte del Gobierno de la Generalitat "se ha recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes (..) y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional".

La Junta de Fiscales de Sala está integrada por 26 fiscales, además de Torres-Dulce, y se trata de cargos que en su mayoría no fueron designados durante su mandato, sino que corresponden al de Cándido Conde-Pumpido.

Tan solo tres corresponden a la etapa del actual fiscal general: el fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Jaime Moreno y el recientemente designado teniente fiscal del Supremo Luis Navajas.

La Junta la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo --el recientemente designado Luis Navajas-- varios fiscales más del Supremo, entre ellos Eduardo Fungairiño; los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, los responsables de las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Drogas, Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Cooperación Internacional, Extranjería, Menores, Medio Ambiente, Violencia de género) y los jefes en la Secretaría Técnica, de la Inspección y de la Unidad de Apoyo.

Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta junta "asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal".

La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.

Fuentes de la Carrera consultadas aseguran que si la Junta se opusiera a la acción penal, lo que parece poco probable, la decisión de Torres-Dulce sería la de no interponer finalmente la querella.