La batalla contra la constitución de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otra), que se libra esta semana en la Audiencia Nacional, viene respaldada por la decisión del Ejecutivo de impugnar los estatutos del sindicato. Con este gesto, el Gobierno responde a las pretensiones de asociaciones de mujeres que recurrieron a la vía judicial para evitar a todas luces que se atribuya un sentido laboral a la prostitución, un negocio que mueve en este país más de 3.000 millones de euros al año.
Así pues, a falta de que se pronuncie la Fiscalía General del Estado y el equipo de Pedro Sánchez avance por este cauce, colectivos como la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución se verán las caras este miércoles con el primer sindicato de prostitutas creado en España. En juego, si tiene cabida o no en nuestro sistema jurídico que el trabajo sexual se pueda sindicar.
Precisamente, la legalización de Otras el pasado 31 de julio desató una crisis interna en el seno del Ejecutivo que se saldó con la dimisión de la entonces directora general de Trabajo, Concha Pascual, por haber autorizado esta gestión sin que estuviera al tanto de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. De hecho, ella misma reconoció que le habían metido "un gol por toda la escuadra" con este asunto que provocó mucha indignación y malestar entre muchos colectivos de mujeres.
Fuera ya del plano político, le toca ahora a la Justicia pronunciarse acerca de dos demandas contra la constitución de este sindicato. Lo que se busca es evitar que se cree un marco legal en donde el ejercicio de la prostitución aparezca bajo la subordinación de un empresario, o lo que es lo mismo, de organizaciones de proxenetas. Por ese motivo pedirán en la vista que se celebra este miércoles que se declare la nulidad del sindicato.
Pese a este gesto del Gobierno, los colectivos feministas son plenamente conscientes de que no se llegó a impedir que se creara este sindicato -en contra de lo manifestado por Valerio en su día para mitigar el malestar generado-, y que no se puede revocar la resolución de Trabajo puesto que la inscripción y posterior publicación del acto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de agosto, ya atribuye en sí misma personalidad jurídica a la entidad.
Primer juicio contra un colectivo laboral de la prostitución
Se trata de una vista insólita y sin precedentes porque nunca antes se ha juzgado la creación de un sindicato de mujeres dedicadas a la prostitución. La Audiencia Nacional es el órgano al que compete estudiar el asunto, al tratarse de una actividad que se desarrolla en todo el territorio nacional. Y, dentro del mismo, la Sala de lo Social, especializada en asuntos relativos a impugnaciones de convenios colectivos.
Desde la a Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución no niegan la realidad social de una actividad que afecta a más de 50.000 mujeres a día de hoy. Otra cosa bien distinta, exponen, es que pueda crearse un marco legal en el ejercicio de unos hechos totalmente incompatibles con la igualdad real entre hombres y mujeres.
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