El Gobierno rebajará de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, aunque solo por el momento. Así lo han asegurado este viernes fuentes del Ministerio de Trabajo, que han calificado la medida como "coyuntural", tras la reunión mantenida por la titular del departamento, Yolanda Díaz, con representantes de las secciones agrarias de los sindicatos, un encuentro al que también ha asistido el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, pero no las organizaciones agrarias, que han asegurado que fueron desconvocadas ayer por la noche, unas horas antes de dar inicio el encuentro, y con las que Díaz ha informado que se reunirá el próximo martes.
Estas mismas fuentes han respaldado su determinación en que este tipo de medidas también se aprobaron en el pasado debido a factores atmosféricos, y han incidido en que el sistema de peonadas necesita, además, ser "reformado a medio plazo". Según cifras oficiales, se calcula que dos terceras partes de todos los temporeros agrícolas de España se concentran entre Extremadura y Andalucía.
Desde Trabajo han precisado que la aprobación de esta rebaja de las peonadas para facilitar que los jornaleros accedan a estas ayudas se producirá en breve, mientras se analizan otras medidas a adoptar para resolver la crisis de precios que afecta al campo. Los agricultores españoles han salido a la calle durante las últimas semanas -hoy mismo hay convocadas tractoradas y manifestaciones en diferentes puntos del país- para protestar por la crisis que atraviesan.
La reunión mantenida con los sindicatos se ha visto salpicada por la polémica, debido a la ausencia de las organizaciones agrarias, desconvocadas ayer por la noche. Polémica que desde la cartera de Díaz han tratado de rebajar al incidir en que este encuentro apenas se ha pospuesto.
En la citada reunión también se han abordado las pésimas condiciones de trabajo y vivienda en las que se encuentran trabajadores eventuales en el campo de Huelva, y que fueron denunciadas en un informe elaborado por el relator especial de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. En este sentido, fuentes de Trabajo han asegurado que el Gobierno acometerá las "modificaciones necesarias" para que la Inspección de Trabajo pueda personarse e intervenir en estos asentamientos, algo que bajo la legislación actual no es posible que el empresario agrícola lo permita expresamente.
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