La jueza admite a trámite la denuncia de Camps contra el agente que hizo el informe que le relaciona con Ciegsa

Camps presentó esta denuncia el pasado 15 de septiembre, tras levantarse el secreto de sumario, y va dirigida contra el agente que redactó el 'Informe sobre las relaciones de la empresa pública Ciegsa con ciertos políticos y funcionarios de la Comunidad Valenciana', con fecha de 18 de enero de 2016, por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra el honor.

El expresidente de la Generalitat estaba citado este miércoles en el juzgado, a las 10 horas, para ratificar su denuncia, que ha sido admitida a trámite, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

Según el informe del agente denunciado, la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa) se habría estado utilizando entre 2004 y 2007 para financiar tanto al PPCV como al PP provincial y también para el enriquecimiento personal de determinados cargos públicos de la administración, lo que provocó sobrecostes en la entidad, en unos hechos que considera no de mala gestión sino de conductas relacionadas con la corrupción.

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent implicaba en esta trama tanto a Camps como a los exvicepresidentes del Consell Víctor Campos y Gerardo Camps y al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus en el cobro y reparto de estas comisiones ilegales que provenían de adjudicación de colegios.

En el escrito de denuncia, en el que Camps reiteraba que los hechos relatados no eran ciertos, el expresidente valenciano denunciaba la interpretación "maliciosa e interesada" que el agente de la Guardia Civil realizaba de unas grabaciones efectuadas por una persona con la que no había tenido ni tiene "ninguna relación", utilizando al parecer "una grabadora doméstica".

El expresidente valenciano sostenía que las "gravísimas acusaciones y calumnias" que se vertían en el informe contra él podían inducir al juez que instruye la causa de Imelsa a "tomar decisiones de todo punto equivocadas" y podían conllevar su imputación en unos hechos "no solo de imposible demostración, sino que jamás se han realizado".

En este sentido, en el escrito se cuestionaba la labor del agente de la UCO y se le acusaba de buscar una "difusión difamatoria" y no la de "llegar a una conclusión indagatoria". En esta línea, se subrayaba que se trataba de un informe para "una instrucción penal con consecuencias catastróficas y destructivas del honor, de la profesión y de la propia persona para los nombres que se van relatando en una sucesión de hechos inverosímil".

"El incumplimiento o la negligencia o la animadversión que puede deducirse del texto inducen a buen seguro a que este agente está cometiendo algún delito de los que se le pueden atribuir al funcionario público por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, además de una clara imprudencia temeraria con consecuencias irreparables", se defendía en la denuncia.