Los eventos públicos organizados por el Gobierno van a cambiar. Y lo van a hacer de forma profunda. El Ejecutivo acaba de dar luz verde a un Plan de Contratación Pública Ecológica, impulsado al alimón por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Hacienda, María Jesús Montero, que pretende introducir criterios de sostenibilidad medioambiental en la contratación pública del Estado con el objetivo de que en seis años vista el 50% de los contratos públicos licitados por la Administración del Estado y sus organismos autónomos incorporen este tipo de cláusulas de carácter 'eco'.
La intención del Gobierno es que estas 'cláusulas verdes' se extiendan a todos los ámbitos de la contratación pública, pero su impacto será singularmente significativo en determinadas áreas como por ejemplo la organización de eventos públicos para la Administración, un segmento controvertido por los excesos del pasado y por haber alentado tramas de corrupción tan célebres como la 'Gürtel'.
La mano de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se adivina tras las especificaciones técnicas y los criterios de adjudicación que el Plan de Contratación Pública Ecológica define para los futuros proveedores de servicios de organización de actos públicos para el Estado. Los pliegos de contratación valorarán especialmente, por ejempleo, el fomento del consumo de agua del grifo "siempre que sea posible" y la utilización de alimentos de origen ecológico en el catéring que se ofrezca.
Que se pueda llegar en transporte público, bici o a pie
La icónica imagen de hileras interminables de fastuosos coches oficiales que aún hoy enmarcan la celebración de cualquier acto público de cierta relevancia podría tocar a su fin. El Estado primará a los proveedores que propongan espacios "fácilmente accesibles en transporte público, bicicleta o caminando", puntuará más a las ofertas que procuren un mayor uso del transporte público colectivo como forma de acceso al evento en cuestión y obligará a los proveedores a adjuntar a las invitaciones al acto - que deberán ser en formato electrónico, tratando de evitar en la medida de lo posible el papel - información útil sobre las vías de transporte público disponible para llegar al evento.
El objetivo será reducir las emisiones contaminantes vinculadas a la celebración de este tipo de eventos. El Gobierno obligará a los contratistas a medir las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono prevista en su oferta de evento y favorecerá las propuestas que planteen una compensación de esa huella de carbono.
El Gobierno también pondrá peros a según qué localizaciones. Pretende que no haya eventos públicos organizados por el Estado, sus organismos autónomos o la Seguridad Social "en entornos naturales no acondicionados que sean ambientalmente sensibles o con presencia de especies de fauna y flora que puedan verse afectadas".
Por supuesto, los proveedores tendrán que prever los residuos que generará el evento y los asistentes al mismo. Las acreditaciones y hasta "el cordón que las sujeta" deberán ser reutilizables y reciclables y la empresa deberá comprometerse a gestionar los residuos generados según la legislación vigente y respetando el principio de jerarquía de residuos. ¿Qué significa esto? Que la empresa organizadora del evento deberá plantear un plan de gestión de residuos que prevea, en primer lugar, la prevención de la existencia del residuos; en segundo término, su reutilización; si ésta no fuera posible, su reciclaje, con la vista puesta en su aprovechamiento energético y si esto no fuera posible, y sólo en última instancia, su eliminación.
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