El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dispone de un presupuesto de 2,2 millones de euros anuales y de una plantilla de 22 personas para ejercer la lista no pequeña de competencias que le reconoce la ley como fiscalizador del adecuado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas y de los restantes sujetos obligados -partidos políticos, ONGs...- de la normativa sobre transparencia en España. De ese presupuesto global, que fue recortado un 22% en las últimas cuentas aprobadas, los PGE de 2018, el 95% está comprometido en pago de nóminas y gastos básicos de funcionamiento del organismo, según señala el Consejo en su última memoria.
Le quedan por tanto poco más de 100.000 euros anuales de margen para sufragar otro tipo de gastos e iniciativas. Pues bien, solo en 2018, el Consejo de Transparencia se vio obligado a invertir 138.474 euros en la contratación de asistencia jurídica para defender su posición en los litigios ante los tribunales que se le plantearon desde el Estado, organismos dependientes y resto de administraciones para esquivar resoluciones de Transparencia que les obligaban a hacer públicos datos e informaciones a los que éstos se niegan a dar acceso. Si se amplía el foco a 2015, el gasto por este concepto supera con holgura los 200.000 euros.
Según el último inventario realizado por el organismo, con fecha de noviembre de 2019, hay cerca de 200 procedimientos en los tribunales a causa de recursos planteados por los sujetos obligados a la ley -en la mayor parte de los casos, planteados por las Administraciones Públicas; y en una amplísima mayoría, por el Estado y sus órganos dependientes- contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que les obligaban a publicar datos de lo más diversos, desde las retribuciones abonadas a directivos públicos cuyos sueldos son, al parecer, confidenciales, hasta el coste para el erario público de programas como Masterchef o los Especiales de Nochevieja.
Uno de los últimos episodios en este sentido ha sido la decisión del Ministerio de Economía de recurrir a los tribunales para evitar dar cumplimiento a una resolución de Transparencia que obligaba al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a proporcionar a uno de los accionistas afectados por la resolución del Banco Popular un informe técnico del organismo que cuestionaba los trabajos de auditoría sobre las cuentas de la entidad.
Más de 200.000 euros en abogados
En un principio, tras la constitución del Consejo en 2015, se entendió que la asistencia jurídica al organismo debía ejercerla la Abogacía del Estado y se suscribió un convenio al efecto. Pero pronto se vio que, en contra de lo previsto inicialmente, la mayor parte de los recursos contra la resoluciones del Consejo de Transparencia no venían de los sujetos obligados no públicos -partidos políticos, sindicatos, ONGs, organizaciones empresariales...- sino directamente de la Administración Pública, de los Ministerios y de las sociedades dependientes del Estado, que acostumbrados a un régimen de información únicamente determinado por la mayor o menor apertura de sus políticas de comunicación empezaron a ver que un organismo, en aplicación de una ley impuesta por Bruselas, les obligaba a hacer pública información que no tenían ningún interés en proporcionar.
Llegados a ese punto, se entendió que la Abogacía del Estado debía ponerse del lado de la estructura de la administración y no del intérprete de la legislación sobre transparencia, y el Consejo empezó a contratar los servicios de externos para poder defender sus resoluciones en los tribunales. El inesperado flujo de recursos gubernamentales obligó a Transparencia a sacar un contrato 'ad hoc' que desde marzo de 2018 ejecuta el despacho 'Escárate Asesores'. Desde que arrancó en 2015, el Consejo de Transparencia se ha gastado más de 287.000 euros en abogados, de los cuales apenas 60.000 euros corresponden al convenio con la Abogacía del Estado para su representación en litigios con terceros u otras administraciones públicas.
Fuentes cercanas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aseguran que la situación generada por esta elevada litigiosidad está comprometiendo la normal operativa de la institución, ya no sólo por el esfuerzo financiero a la que le obliga -ya hemos detallado antes su situaciones presupuestaria- sino también por la carga administrativa que supone. "Están superados", aseguran fuentes conocedoras de la situación, que incluso insinúan un cierto 'filibusterismo' por parte de los gobiernos (el de Sánchez ahora: el de Rajoy, antes) para inundar de recursos al organismo al objeto de bloquear su funcionamiento.
La memoria del Consejo correspondiente al ejercicio de 2018, recién publicada, vuelve a incidir en la falta del medios del organismo. Se remite a un informe de evaluación realizado hace algo más de un año, a instancias del Tribunal de Cuentas, en el que se evaluaba en 55 efectivos la dotación de personal que debería tener el organismo para cumplir con las funciones que le establecer la ley. A día de hoy cuenta con 20.
Transparencia ya ha avanzado que en las actuales condiciones no se puede comprometer a ejercer las competencias que le atribuye la nueva Ley de Contratos Públicos del Estado ni tampoco las que se le preveían atribuir como consecuencia de la transposición europea de la directiva de protección de denunciantes, en orden a gestionar el primer registro estatal de lobbys y lobbistas.
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