El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está analizando la posibilidad de tomar "las medidas que se estimen convenientes" contra Cabify, después de que la compañía lanzara una campaña publicitaria haciendo públicos el número de viajes que se han realizado desde y hasta la sede del ministerio en su plataforma. "Ante el contenido y las alusiones tanto directas al ministerio como personales hacia la titular de este Departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, el ministerio está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes", ha explicado este jueves en un comunicado.
La polémica se produce unos días antes de que el próximo 30 de septiembre finalice el periodo transitorio de cuatro años que se concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de los vehículos de transporte sin conductor (VTC). Si antes de esta fecha las comunidades no han legislado o prorrogado la actual normativa, los VTC de la región no podrán seguir realizando transporte interurbano de viajeros, salvo que la Dirección General de Transporte Terrestre conceda una moratoria a cada una de sus licencias por un plazo de entre 1 y 16 años para recuperar la inversión.
Hasta la fecha, el ministerio ha recibido un total de 16.610 solicitudes de ampliación, de las cuales cerca de 10.000 correspondían a licencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras aprobar en junio la ley que regula la actividad de las VTC en la región el objeto de recurso de estos expedientes ha decaído. Transportes defiende que las comunidades han contado con "tiempo suficiente" para aprobar la regulación más adecuada para la prestación de servicios de VTC, incluyendo posibles prórrogas.
Asimismo, recuerda que desde que en 2018 se aprobó el real decreto bajo el mandato del anterior ministro, José Luis Ábalos, el ministerio "carece" de competencias reguladoras en este ámbito, y son las comunidades o ayuntamientos los que deben analizar la concesión de posibles prórrogas. A escasos días de que finalice el plazo dado por el Gobierno, Madrid y Cataluña son las únicas comunidades que han regulado la actividad de las VTC, aunque Andalucía, que cuenta con cerca del 18 % de las licencias en España, ya ha anunciado que lo hará antes de la fecha límite, y se espera que la Comunidad Valenciana haga lo mismo.
Esta situación ha provocado las protestas de parte del sector, que argumenta que el plazo no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia y la imposibilidad de obtener ingresos. Como señal de protesta, una de las compañías más grandes del sector, Cabify, lanzó hace unos días una campaña en la que hacía público el número total de trayectos realizados en lo que va de año (5.437) desde y hasta la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid, desde su plataforma, para criticar las "contradicciones" del departamento.
El llamado 'decreto Ábalos' habilitaba a las comunidades a regular aspectos del sector VTC como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo. Por ello, el ministerio reitera que las comunidades son las "conocedoras de las necesidades concretas" para regular la actividad del sector en sus territorios, siempre con el objetivo de lograr un "equilibrio y competencia leal" entre el sector del taxi y las VTC.
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