Los Mossos d'Esquadra se negaron a ceder los datos de encausados por fraude fiscal y de registros de hoteles y apartamentos de Cataluña que les requirió el Departamento de Economía, según ha revelado este martes el mayor de la policía catalana Josep Lluís Trapero. En su declaración ante la Audiencia Nacional, a preguntas de la Fiscalía, Trapero ha dado cuenta de una reunión que responsables del Departamento de Economía, dirigido entonces por Oriol Junqueras, mantuvo en julio de 2017 con mandos de Mossos para tratar de las "competencias plenas" de la Generalitat en seguridad y del control de aduanas.
Según Trapero, la consellería de Junqueras pretendía que los Mossos les facilitaran un copia de la base de gestión de hoteles y apartamentos, con la identidad de los huéspedes inscritos, con la intención de disponer de información de tipo fiscal sobre los mismos para averiguar si pagaban impuestos a la Generalitat. "Nos negamos", ha aseverado Trapero, que ha desvelado que compartía su misma opinión el entonces director de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle; "me parece una barbaridad", ha añadido.
La segunda de las peticiones que Economía planteó a la policía catalana era disponer de información sobre personas encausadas por fraude fiscal en Cataluña: "A esas reuniones fui yo y dijimos que no, que las lleva la autoridad judicial y que no tenían por qué tener esa información, y que si tenían interés lo solicitaran a la autoridad judicial". Cuando la cúpula de Mossos fue convocada, a través del exsecretario general Cèsar Puig, a la reunión del 31 de julio de 2017 se envió a la misma al jefe de investigación criminal y al del área de blanqueo y estafas, pensando que la intención de Economía era volver a plantear la cesión de los datos fiscales y hoteleros, según ha expuesto Trapero.
"La sorpresa es cuando van y me comentan después que se han quedado a cuadros", según el mayor, que ha desvelado que "lo primero que hizo" Cèsar Puig -también juzgado por rebelión- es pedirle "disculpas". Como ya hiciera a lo largo de su declaración de este lunes, el mayor ha afirmado no tener "ni idea" de cuáles eran los planes estratégicos del Govern hacia la independencia porque nadie se los ha "comunicado" nunca.
Ningún grupo iba a colocar bombas el 1-O
Por otra parte, Trapero ha negado que temieran que algún grupo anarquista fuera a colocar artefactos explosivos por el 1-O, tal y como consta en un informe de evaluación de riesgos del 8 de septiembre de 2017 de la Comisaría General de información de la Policía catalana. El interrogatorio a Trapero ha continuado interrogándole acerca de una serie de correos electrónicos que recibió de la Comisaría General de Información. Según Carballo, en uno de esos correos, se evaluaba la "posible actuación de colectivos anarquistas que podían incluso reivindicar la actividad violenta en forma de artefactos explosivos y de actividad armada en Cataluña".
Trapero previamente ha querido aclarar que no se puede dar por supuesto que se leía todos los informes que le enviaban, "no es así". "Uno no tiene capacidad de leer absolutamente todo lo que le llega al correo", ha replicado, para después asegurar que ese correo en concreto no lo llegó a leer. "Eso le aseguro no haberlo leído y en ninguna reunión en la que se analizaban los riesgos para el 1-O, la Comisaría General de Información jamás se habló en esos términos", ha sostenido.
Ha explicado que sobre los colectivos anarquistas, ayer ya señaló que en las últimas valoraciones que se expusieron en una de las reuniones que tuvo en el Palau de la Generalitat se habló de 40 zonas, barrios conflictivos con grupos de tipo anarquista con los que ya habían tenido habíamos problemas. Más allá de eso, "nunca se valoró en esos términos de que hubiese artefactos", ha insistido.
Sobre estos correos que le fueron remitidos, Trapero ha explicado que los informes sobre la valoración de riesgos de cara al 1-O comenzaron a hacerse de forma semanal o quincenal para pasar a ser diarios al acercarse la fecha de referéndum A preguntas del fiscal ha rechazado que estos informes estuviesen relacionados con el conocido como el plan Ágora, ya que este se diseñó en julio, y entró en vigor el 4 de septiembre, algo más tarde de lo previsto debido a los atentados de Cataluña del 17 de agosto.
El Plan Ágora, según ha indicado, respondía a que el proceso soberanista implicaba un "tensionamiento social", por lo que se centraba en dar seguridad a las instituciones que tuvieran "algún tipo de amenaza, escrache o daño. "Esa sería la única relación" con el procés, ha precisado. Según el fiscal, en un informe del 11 de agosto Manuel Castellví, responsable de la comisaria general, aportó "novedades relevantes en relación con el proceso" como las fechas en las que estaba prevista la votación de las leyes del referéndum, que entonces no se sabían.
"Usted tenía información privilegiada sobre esa tramitación legislativa", le ha señalado Carballo a Trapero, que ha afirmado que no recordaba haber leído ese correo como otros muchos, y ha explicado que en las reuniones que se mantenían se hacía una síntesis de las novedades más relevantes. Ha asegurado desconocer de dónde se obtuvo esa información, y ha indicado que Castellví ha sido llamado como testigo a este juicio, y "le podrán preguntar". "Lo que se hizo con esa información es responsabilidad de la Comisaría general de Información", ha zanjado.
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