La juez deja en libertad a Trapero pero deberá entregar su pasaporte

Josep Lluís Trapero, Mayor de los Mossos d'Esquadra, no irá a prisión como reclamaba la fiscalía. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la retirada de su pasaporte por la supuesta inacción del cuerpo policial catalán durante el registro de la Consejería catalana de Economía el 20 de septiembre. Los guardias civiles que ejecutaron esa diligencia y la secretaria del juzgado permanecieron encerrados durante 18 horas en el edificio asediados por 40.000 manifestantes. Los agentes del instituto armado aseguraron que pidieron auxilio a los Mossos aunque solo recibieron evasivas. Al final, fue el juez que ordenó el registro el que llamó a Trapero para exigir que sacara a los guardias de allí. La juez le imputa un delito de sedición castigado hasta con 15 años de cárcel.

Además de la retirada del pasaporte, Lamela ordena al jefe de los Mossos que comparezca cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio y le prohíbe salir de España sin autorización del juzgado. Además, le obliga a fijar un teléfono y un domicilio en España así como que indique una persona "para recibir cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que se haga al investigado en libertad provisional", según el auto de la juez. Además, le apercibe de que , "en caso de incumplir alguna de las medidas indicadas podrán agravarse las medidas cautelares, pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional".

La juez explica que su investigación, por el momento, se circunscribe únicamente al asedio a la consejería del 20 y 21 de septiembre y no a hechos posteriores, como el referéndum del 1-O. Según la juez, la actuación de Trapero esos días "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que esos días sucedieron". Lamela considera que existen algunos elementos, como el hecho de "no haber efectuado los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder hacer llegar a los detenidos al edificio" para asistir al registro. 

También le afea que los Mossos no hubieran "tomado medidas" a primera hora de la mañana para evitar que la concentración evolucionara, "rescatar los efectos que se encontraban dentro de los vehículos oficiales de la Guardia Civil" y asegurar adecuadamente la salida de los miembros de la comisión judicial, es decir, de los agentes y los funcionarios que practicaron esa diligencia. 

Tal y como explica la juez, Trapero ha asegurado durante su declaración que sí se abrieron los pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial, pero luego no fueron utilizados en los momentos en los que estaban previstos. También ha explicado que no actuaron contra los concentrados al considerar que, dado su volumen, ello podría haber causado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas. Su versión coincide en parte con la de algunos de los guardias retenidos. Uno de ellos manifestó que a partir de las 11 de la mañana del 20 de septiembre ya era imposible desalojar debido al número de personas que se habían congregado. Ese mismo guardia aseguró que a las 9.30 ya no podían moverse ni dos metros.

La decisión llega después de que Lamela acordara esta mañana la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para la intendente que estaba a cargo del dispositivo de los Mossos en la consejería, Teresa Laplana. La fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido para ella prisión eludible con fianza de 40.000 euros, medida que al final ha sido rechazada por la juez.

Tras prestar declaración durante casi dos horas, se ha celebrado la vistilla en la que las partes solicitan medidas cautelares. El fiscal ha solicitado prisión incondicional contra Trapero y la juez lo ha citado de nuevo a las seis de la tarde para comunicarle su decisión. Tras conocerse el acuerdo, prestarán declaración los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos promotores de la protesta ante la consejería y de las movilizaciones populares posteriores.

Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart ya declararon en la Audiencia Nacional el pasado 7 de octubre, pero en aquella ocasión, el Ministerio Público no reclamó ninguna medida cautelar contra ellos al considerar que antes debían instruirse de un nuevo atestado sobre los hechos del 20 de septiembre y el referéndum ilegal del 1-0. En ese nuevo informe se aseguraba que el Mayor de los Mossos dio órdenes a sus subordinados para que protegieran a los organizadores de la consulta y no cerraran los colegios, como había ordenado la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas.

Durante los disturbios del pasado 20 de octubre, unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona rodearon el edificio de la consejería con la intención de no dejar salir a los agentes. Durante la concentración, los manifestantes destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil. Según la denuncia, los líderes de ANC y Òmnium fueron los que alentaron la protesta y llamaron a la movilización permanente. Los agentes salieron escoltados por los Mossos de madrugada mientras que la secretaria judicial tuvo que hacerlo a través de la azotea del edificio pasando a un teatro adyacente, del que consiguió salir entre los asistentes a la función que se representaba.