Trasladan a Yulia Timoshenko a la prisión ucraniana donde cumplirá la pena

  • La ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko, condenada a siete años de cárcel por abuso de poder, fue trasladada hoy de la prisión preventiva al penal donde deberá cumplir su castigo, informó un portavoz de Instituciones Penitenciarias de Ucrania, citado por agencias locales.

Kiev, 30 dic.- La ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko, condenada a siete años de cárcel por abuso de poder, fue trasladada hoy de la prisión preventiva al penal donde deberá cumplir su castigo, informó un portavoz de Instituciones Penitenciarias de Ucrania, citado por agencias locales.

La fuente no precisó la prisión donde fue llevada, aunque miembros de Batkivschina, partido opositor que lidera Timoshenko, indicaron ayer que la ex jefa de Gobierno sería trasladada a un penal de la región de Járkov, en la parte oriental del país fronteriza con Rusia.

El diario ucraniano "Ukraina Molodá" apuntó hoy que Timoshenko cumplirá su condena en la prisión número 54 de Járkov, un penal modelo, a años luz de los típicos campos de trabajo de estilo soviético que abundan tanto en Ucrania como en otras antiguas repúblicas de la URSS.

La prisión, denominada Penal Reformatorio de Trabajo (PRF), toda vez que el sistema penitenciario ucraniano se basa en la rehabilitación por medio del trabajo, cuenta con una fábrica textil.

A diferencia de los PRF soviéticos, que siguen siendo mayoritarios en Ucrania y Rusia y donde los reclusos viven hacinados en barracones de madera, el Penal numero 54 está dotado con habitaciones para 8-12 personas, con muebles modernos y duchas.

Hace precisamente una semana, el Tribunal de Apelaciones de Kiev rechazó el recurso de la ex jefa de Gobierno ucraniano contra la condena que le fue impuesta por excederse en sus atribuciones por autorizar en 2009 la firma de acuerdos gasísticos con Rusia considerados onerosos para el país por las actuales autoridades.

Timoshenko también fue condenada a tres años de inhabilitación para ejercer cargo público y, además, deberá pagar al Estado casi 200 millones de dólares en concepto de compensación.

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