Trasladan al presidente de la Diputación de León a la cárcel de Navalcarnero

Madrid, 1 nov.- El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, imputado en la trama de corrupción municipal y regional destapada en la operación Púnica, ha sido trasladado hoy de la cárcel madrileña de Soto del Real a la prisión de Navalcarnero.

Fuentes penitenciarias han informado a Efe del traslado de Martínez, que ingresó en Soto del Real (Madrid) el pasado jueves en régimen de prisión incondicional por orden del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

Esta mañana también ha sido trasladados el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados a la prisión de Estremera, mientras que su socio y amigo David Marjaliza ha sido conducido al centro penitenciario de Aranjuez, ambos en la Comunidad de Madrid.

Las fuentes han explicado que esta nueva distribución de los presos de la trama Púnica se debe a razones organizativas y de buen orden en la cárcel de Soto del Real, debido a que en las últimas horas han ingresado muchos internos en el marco de este operación.

Todas las prisiones donde se han realizado los traslados son cárceles de la Comunidad de Madrid, porque los internos tienen que estar a disposición del juez de la manera más práctica y accesible.

Además, las fuentes no han descartado que se puedan producir nuevos traslados de algunos de los otros cuatro acusados en la trama Púnica en régimen de prisión incondicional que dictó esta semana el juez Velasco, ni de los otros dos detenidos que permanecen en prisión eludible con fianza.

Granados y Marjaliza ingresaron ayer a las seis de la tarde en la prisión de Soto del Real, tras ordenarlo así el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que sostiene que ambos eran cabecillas de la trama e corrupción destapada en la operación Púnica.

En Soto del Real siguen en prisión incondicional el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), uno de los supuestos cabecillas de la red y "conseguidor" de contratos públicos, Alejandro de Pedro; la "mano derecha" de Marjaliza, Ana María Ramírez, y un directivo de Cofely, Pedro García.

También están en Soto del Real el empresario José Luis Huerta y el jefe de gabinete de la alcaldía de Parla Antonio Borrego, pero eludible con una fianza de 300.000 y 60.000 euros, respectivamente.