El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este 4 de diciembre un trienio en funciones y con la decepción de los vocales con los partidos que en su día le apoyaron por no haber logrado hasta alturas un acuerdo para renovar la institución. Las esperanzas en conseguir el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces revivieron en el momento que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, lograron pactar los nombres del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos, si bien las expectativas en el seno del órgano presidido por Carlos Lesmes van aminorando con el paso de los días.
Fuentes del CGPJ señalaban tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que parecía que la tensión provocada por la designación del Letrado de las Cortes y catedrático en Derecho Constitucional Enrique Arnaldo como magistrado del órgano máximo intérprete de la Carta Magna se había apaciguado, lo que permitiría a PSOE y PP centrarse ahora en la renovación que aún queda pendiente. En este sentido, indicaron que entendían que las negociaciones se volvían a poner en marcha para que la lista de nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces estuviera preparada antes de final de año y no retrasar su entrada mucho más allá del tercer aniversario de la situación de interinidad en la que se encuentra en este momento. Por su parte, fuentes políticas cercanas a la negociación no se mostraron tan optimistas.
Desde del ámbito judicial destacan que aún queda un mes casi completo para finalizar el año, por lo que creen que “aún queda tiempo” para que los dos principales partidos políticos puedan alcanzar un acuerdo si realmente ese era el plazo previsto. Aún así, las fuentes jurídicas consultadas por La Información subrayan que tampoco pueden “poner toda su confianza” en que esto vaya a ocurrir, ya que las negociaciones se han visto frustradas en varias ocasiones a lo largo de tres años.
Algunos de los vocales con los que ha podido hablar este diario se manifiestan en un tono similar, pues reiteran la sensación de “hartazgo” por la situación “enquistada” en la que se encuentra el CGPJ y por ver que “los políticos no hacen lo que se espera de ellos, que es hacer política y encontrar una solución” para que el órgano de gobierno de los jueces sea de una vez por todas renovado en el tiempo que establece la Constitución, cada cinco años. Es más, advierten de que si la principal discusión se centra en la dudas de imparcialidad e independencia del órgano derivado del método de elección de los vocales, el bloqueo está ayudando a generar una “sombra de sospecha” que perjudicará a los que finalmente sean elegidos.
Aún así, insisten en que pase lo que pase seguirán haciendo el trabajo para el que están "legitimados desde el primer día", al tiempo que recuerdan que su labor no es solo hacer nombramientos de altos cargos judiciales -que mientras sigan en funciones no pueden hacer-, sino que tienen entre sus manos asuntos relacionados con incompatibilidades de jueces y con cuestiones económicas; sobre igualdad; expedientes disciplinarios; y actividades formativas, entre otras muchas.
Los socialistas defienden que el actual sistema de elección de los vocales por las cámaras parlamentarias es “válido” y “constitucional”; mientras que los ‘populares’ exigen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los miembros del CGPJ de procedencia judicial (12 vocales) sean elegidos por sus pares. Esto mismo reclaman la mayoría de las asociaciones de jueces, que insisten en que las instituciones europeas demandan este cambio de modelo.
El 'whatsapp' que lo truncó todo
Así las cosas, los nuevos ‘inquilinos’ del órgano de gobierno de los jueces debían haber entrado el 4 de diciembre de 2018; pero unos días antes, el 19 de noviembre de ese año, un ‘whatsapp’ truncaba el acuerdo alcanzado entonces a tiempo. Se trataba del mensaje que el exsenador y exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, reenviaba en un grupo que tenía el Grupo Popular del Senado para responder a las dudas o críticas que había sobre la negociación que afrontaron el exministro de Justicia Rafael Catalá, por parte del PP, y su sucesora en ese departamento, Dolores Delgado -actual fiscal general del Estado-, por parte del Gobierno socialista.
El texto celebraba que el pacto cerrado permitiría “controlar la Sala Segunda desde detrás”, en alusión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar y juzgar a aforados. La polémica que se desató hizo que el presidente de dicha Sala del Alto Tribunal, el magistrado Manuel Marchena, renunciara a la oferta de ser el sustituto de Carlos Lesmes en la Presidencia del CGPJ, pues la crispación en el sector judicial por el hecho de que el nuevo presidente iba ya nombrado fue generaliza, ya que deben ser los vocales los que elijan a su máximo representante.
Desde entonces, las conversaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces no han llegado nunca a su fin, ya sea por las convocatorias electorales generales y autonómicas, los vetos a candidatos del partido contrario, o por la defensa de posturas encontradas sobre reformas legislativas. Cabe recordar que el líder del PP, Pablo Casado, cambió su estrategia relativa al CGPJ justo un día después de revelarse el mencionado ‘whatsapp’. Presentó una enmienda ‘in extremis’ en el Senado a la reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para 'enmendar' las consecuencias de dicho mensaje. Fue entonces cuando los 'populares' empezaron a defender la necesidad de volver al modelo vigente hasta 1985, el de que “los jueces elijan a los jueces”, y que sacaron adelante en la Cámara Alta junto a los votos de Ciudadanos, si bien el Congreso, durante la aprobación definitiva de la norma, descartó 'tocar' por el momento el sistema de elección, limitándose únicamente a eliminar el carácter presidencialista del órgano de gobierno de los jueces y devolver las competencias exclusivas a sus vocales.
Sin hacer nombramientos
A lo largo de estos tres años, el todavía presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha aprovechado sus discursos en los actos de Apertura de Año Judicial para reclamar la urgencia de la renovación. De forma muy directa lo hizo este año, pues durante su intervención en la inauguración del curso judicial exigió que la “lucha partidista” quede al margen de esta negociación. Asimismo, hizo una dura crítica a la limitación legal impuesta el pasado mes de marzo a las funciones del órgano una vez haya caducado su mandato, pues impide que pueda seguir haciendo nombramientos en la cúpula judicial, como ocurre en el Tribunal Supremo con las plazas vacantes por la jubilación de magistrados, o en la Audiencia Nacional tras la marcha de la hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, al Tribunal Constitucional.
Precisamente, el Tribunal Supremo alertó de que dictará 1.000 sentencias menos si no hay una pronta renovación, lo que conlleva el colapso de algunas de las Salas (de lo Contencioso-Administrativo, Social o Civil) que deberán afrontar una avalancha de recursos, entre otros, sobre asuntos derivados de la pandemia del coronavirus, y afectará a la creación o ratificación de la jurisprudencia que guía al resto de juzgados y tribunales españoles.
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