Los sindicatos comienzan a cumplir las promesas que anunciaron. Poco a poco, van aterrizando en el juzgado número 30 de Madrid, que dirige las diligencias, las querellas que presentan las agrupaciones profesionales tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Policía Municipal de Madrid. Por el momento, ya han sido sellados tres escritos procedentes de otras tantas organizaciones.
Se trata de las querellas formuladas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) y laAlternativa Sindical de Policía (ASP). La primera agrupación dirigió su demanda tanto contra los detenidos por atacar a funcionarios tras la manifestación del pasado 22 de marzo como contra los organizadores de las denominadas Marchas por la dignidad. APMU entiende que estos últimos pudieron tratar de parar a los radicales y no solo no lo intentaron siquiera, sino que además "alentaron" comportamientos violentos.
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Por su parte, CPPM también ha interpuesto querella contra los detenidos y "cualquier persona o entidad (...) que pudiera ser responsable penal de los hechos". Sin embargo, el escrito de ASP se dirige llamativamente contra los mandos policiales. En concreto, contra el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), José Miguel Ruiz Iguzquiza; y el jefe de la Primera UIP (la de Madrid), Francisco Javier Virseda Serna.
El resto de agrupaciones sindicales presentarán sus escritos a lo largo del día de hoy o mañana. Por un lado, el Sindicato Independiente de Policía (SIPE), que, según su secretario general, Alfredo Perdiguero, pedirá responsabilidades penales también a los convocantes e incluso a los Bomberos, que presuntamente accedieron con un camión a una zona conflictiva y facilitaron que un grupo de encapuchados se acercara hasta los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.Mañana más querellas
Por otra parte, los cuatro sindicatos que cuentan con representación en el Consejo de la Policía (Sindicato Unificado de Policía, Confederación Española de Policía, Unión Federal de Policía y Sindicato Profesional de Policía) barajan la posibilidad de personarse bajo una única dirección en el proceso judicial, lo cual facilitaría las cosas al Juzgado, que podría encontrarse con un elevado número de acusaciones particulares.
El pasado sábado, tras la manifestación denominada Marcha por la dignidad, un elevado número de encapuchados se enfrentó violentamente con la Policía utilizando palos, adoquines y otras armas aún por determinar. El resultado fue de 67 funcionarios de ambos cuerpos (Policía Municipal y Cuerpo Nacional de Policía) y una treintena de ciudadanos heridos.
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Por el momento, los sindicatos han acusado públicamente a los mandos de las UIP y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de no coordinar adecuadamente el operativo con la Policía Municipal, de no ordenar a tiempo el apoyo a varios antidisturbios que estaban siendo apaleados y rodeados por radicales y de permitir que accediera a una zona conflictiva el citado camión de Bomberos, que entró a apagar un pequeño fuego en un contenedor.
Los hechos están siendo investigados por la Dirección General de la Policía, que ha abierto una información reservada que podría estar concluida para el próximo 4 de abril, día en el que el director adjunto operativo, el número dos de Ignacio Cosidó, Eugenio Pino, ha convocado a los sindicatos de la corporación, a los que ayer prometió que depuraría responsabilidades si así lo determinan las diligencias internas.
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