El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, será el encargado de redactar una de las ponencias de uno de los asuntos más controvertidos que tiene ahora mismo entre manos el máximo intérprete de la Carta Magna, el relativo a la creación de un fondo para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclamó a una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont o el exvicepresidente indultado Oriol Junqueras, por la promoción exterior del 'procés' independentista en Cataluña entre 2011 y 2017. Un mecanismo que finalmente fue rechazado por el propio órgano fiscalizador.
El Pleno del TC celebrado la semana pasada acordó admitir a trámite el recurso del PP contra el decreto por el que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avaló la cantidad exigida provisionalmente por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar la actividad del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, y de las denominadas 'embajadas’ catalanas', según han indicado fuentes del tribunal. Así, debido al turno de reparto que se sigue en la institución, dicho recurso presentado por el partido liderado por Pablo Casado ha caído en manos del presidente Trevijano, a quien se le sitúa en el bloque conservador del tribunal.
Trevijano, elegido por unanimidad como presidente del órgano de garantías el pasado mes de noviembre y cuyo mandato expira el próximo mes de junio, no será el único que revise si existen tachas de inconstitucionalidad en mecanismo puesto en marcha por el Govern de Pere Aragonés para auxiliar a los exmandatarios de la Generalitat y evitar que se embargaran sus bienes con el fin de hacer frente a las fianzas impuestas. El pasado mes de octubre, el Pleno decidió estudiar el fondo de dicho asunto, al admitir el recurso presentado por el partido Vox, cuya ponencia de la sentencia que de ello resulte recayó en el actual vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, de corte progresista.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario subrayan que el hecho de que el mismo asunto vaya a ser estudiado por dos magistrados distintos encaja dentro de la normalidad institucional, ya que cada uno de los argumentos expuestos en cada recurso debe ser analizado de forma independiente para verificar si ya existe jurisprudencia constitucional al respecto o es necesario su formación. En cualquier caso, destacan que el estudio que hagan ambos ponentes no necesariamente debe originar controversia, ya que pueden coincidir en la conclusión sobre la constitucionalidad o no del asunto. Así, en caso de existan pareceres contrarios, las mismas fuentes indican que el debate que surja de ello puede ser enriquecedor para la decisión que finalmente se adopte.
Garantizar la devolución del dinero
El origen de la polémica creación por parte de la Generalitat de Cataluña del Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros y gestionado por el ICF, es el acta de liquidación provisional que dio a conocer el Tribunal de Cuentas a finales del mes de junio. Se trata del trámite por el que se solicitó a Mas, Puigdemont y otros excargos de la Generalitat que abonaran de manera provisional más de 5 millones de euros para garantizar la posible devolución a las arcas catalanas de dicha cantidad en caso de que, tras la celebración de un juicio contable -aún sin fecha-, haya sentencia que considere acreditado el uso indebido de los fondos para los objetivos independentistas.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas encargada de analizar el presunto desvío de fondos públicos en la promoción del 'procés', Esperanza García, dudó de la legalidad de este aval al que se acogieron la gran mayoría de la treintena de presuntos responsables contables. En este sentido, se dirigió a la Abogacía del Estado para que, de acuerdo a su función consultiva, informara sobre si la propia la administración autonómica que se considera "perjudicada", la catalana, puede asumir con dinero público las "posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave". No obstante, los servicios jurídicos del Estado rechazaron hasta en dos ocasiones pronunciarse al respecto, alegando que en ese momento existía conflicto de intereses, pues se encontraba personado en las actuaciones.
Finalmente, la Abogacía del Estado no presentó demanda formal contra los exdirigentes independentistas y se apartó del procedimiento al entender que no tiene legitimidad para demandar porque las supuestas irregularidades en la financiación de las actividades del Diplocat y de las 'embajadas catalanas' no afectaron a las arcas de la Administración General del Estado. Una decisión que abrió un nuevo debate político, en el que la oposición aprovechó para pedir de nuevo explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez al entender que era una nueva forma de favorecer a los independentistas, después de que en junio de 2021 aprobara los indultos a los líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición. También abandonó la 'causa' contable la representación de Generalitat de Cataluña, al no sentirse perjudicada de la presunta utilización irregular del dinero público, quedando así como acusaciones la Fiscalía y las asociaciones Sociedad Civil Catalana y la Asociación Cívica y Cultural.
Previo a todo este trámite de personación formal, el Tribunal de Cuentas denegó en octubre de 2021 la admisión del aval que facilitó el Instituto Catalán de Finanzas a 28 exdirigentes y funcionarios encausados por los gastos en el impulso del 'procés' en el extranjero, por lo que acordó el "embargo de bienes y derechos" de los presuntos responsables contables. Así, a mediados de dicho mes, el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs y Andreu Mas-Colell, entre otros, comenzaron a poner a disposición del órgano fiscalizador varios inmuebles como garantía de pago, a lo que se sumó los más de 2 millones de euros que aportó ERC. No obstante, fue unos días antes de conocerse esta decisión de rechazar el fondo de la Generalitat, así como los recursos presentados contra la negativa a aceptar esta fórmula, cuando PP y Vox elevaron el asunto al Tribunal Constitucional.
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