La Audiencia Nacional ha reactivado la investigación de Iberdrola con la vista puesta en el informe sobre las presuntas facturas falsas giradas al entramado de José Manuel Villarejo. Este documento, firmado en el año 2004 por el exdirectivo José Antonio del Olmo, será crucial en el interrogatorio que practicará el magistrado Manuel García Castellón a los altos cargos de la eléctrica Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo puesto que ambos tendrán que responder tras su reciente imputación no solo por el contenido del mismo, cuya veracidad siempre han negado, sino también por si coaccionaron a Del Olmo cuando se supo de la existencia de este documento.
Con la nueva ronda de interrogatorios, que se celebrará este miércoles según confirman a este diario fuentes jurídicas, los investigadores del caso Tándem ponen la lupa en el documento que vendría a probar que Iberdrola contrató los servicios del comisario jubilado y luego los camufló a través de facturas ficticias a nombre de su proveedora Casesa. La eléctrica no solo niega la existencia de este documento interno sino que impulsó una serie de acciones penales por injurias y calumnias contra el que fuera director de Funciones Corporativas. Una de las querellas la interpuso precisamente en Bilbao el director del Departamento de Administración de Iberdrola, Pablo Insunza. Este directivo niega haber visto el informe al que alude Del Olmo y rechaza también haberse reunido con él tras tener conocimiento del mismo.
En el acto de conciliación celebrado tras la imposición de la querella Del Olmo se negó a llegar a acuerdo con Insunza y reveló que el informe había sido firmado ante notario en 2004, tal y como adelantó El Confidencial. La notaría a la que acudió el exdirectivo vasco fue la del exdiputado del PP y exvicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, según confirman fuentes de la investigación a este diario. El nexo de unión entre Ramallo e Iberdrola se encontraría en la figura de Marcos Peña, exjefe de Seguridad de la eléctrica bajo la presidencia de Íñigo de Oriol. El policía no guarda relación alguna con esta pieza del caso Villarejo aunque su nombre salió a relucir durante el interrogatorio practicado a su sustituto al frente del control de la seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo. Los investigadores dedicaron tres largas sesiones a preguntarle por todos los encargos con Villarejo que él mismo gestionó desde el año 2004.
Conflictos internos
Las preguntas se centraron no solo en su relación laboral con el Grupo Cenyt sino también en lo que trascendió tras su aterrizaje en Iberdrola en el año 2001. Según expuso, su llegada se produjo en septiembre, unos cuatro meses después de que Ignacio Sánchez Galán fuera nombrado consejero delegado de la compañía que entonces presidía De Oriol. Asenjo, que está investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos, relató ante los fiscales Anticorrupción y el magistrado que su nuevo cargo como director de Seguridad de Iberdrola hizo que las funciones asignadas hasta entonces a Marcos Peña quedaran relegadas a la seguridad privada del presidente Oriol y de las centrales nucleares.
Durante los años en los que Peña y Asenjo trabajaron bajo una dirección bicéfala de seguridad se produjeron muchas fricciones y la relación acabó tornándose en enemistad, siempre según la declaración en la Audiencia Nacional del exdirectivo de seguridad. Asenjo sacó a relucir además que Peña -que se vio salpicado por el caso espías tras trabajar como asesor de Seguridad de Francisco Granados- le advirtió que cualquier servicio que se quisiera contratar relacionado con la seguridad de Iberdrola se tendría que hacer a través de la central de compras. Entonces, uno de los proveedores de Iberdrola sería Keytech Sistemas Integrales, sociedad que creó Marcos Peña junto con Ángel Vizcaíno (Prosegur) y Ángel Iglesias (apoderado de Ikusi).
Estos hechos ocurridos hace casi dos décadas también derivaron en una situación de enemistad entre Asenjo y Del Olmo que ahora tiene su derivada judicial puesto que la aparición de su informe provocó un cambio de rumbo en la investigación penal por los encargos a Villarejo. Tanto es así, que el magistrado Manuel García Castellón ya le ha tomado declaración en calidad de testigo hasta en tres ocasiones y lo hizo antes incluso de interrogar a Asenjo; primer imputado en esta pieza decimoséptima del caso Tándem. En su testifical ante los investigadores, Del Olmo validó el documento que vendría a recoger las facturas sobre el primer encargo a Villarejo -proyecto Arrow-a la par que señaló a la cúpula de la multinacional como conocedora de estos contratos con el comisario jubilado.
Casesa respalda a Iberdrola
Por ese motivo, la respuesta que aporten a la causa penal Insunza y Rebollo será determinante en aras a esclarecer si este documento efectivamente existió o si, por contra, tiene razón la eléctrica. Cabe destacar que una de las últimas diligencias acordadas por el magistrado en esta pieza decimoséptima de Tándem antes de la crisis del coronavirus fue precisamente tomar declaración en calidad de testigo a los dueños de Casesa. Los administradores de la que fuera proveedora de Iberdrola negaron haber tenido contacto alguno con Villarejo así como que se falsearan las facturas para pagar los trabajos que gestionó el comisario jubilado desde Cenyt.
Javier Saldaña y Antonio Holguín explicaron que los conceptos recogidos en las facturas efectivamente se produjeron y que muchos de los trabajos realizados guardaban relación directa con asuntos de seguridad. Enumeraron, por ejemplo, la Junta de Accionistas que se celebró en abril de 2004 y en la que intervinieron para garantizar el traslado seguro de los directivos a Bilbao o asuntos relacionados con estrategias de seguridad en el extranjero. Los fiscales Anticorrupción del caso les preguntaron en concreto por el importe contenido en las facturas y que podría coincidir con los trabajos gestionados desde Cenyt, si bien estos testigos validaron la veracidad de las facturas y negaron cualquier relación con el comisario.
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