Un error del tribunal al no citar al representante legal de una empresa y la incomparecencia de un empresario --ambos como responsables civiles subsidiarios-- ha obligado a aplazar el juicio del caso Adigsa, que debía comenzar este martes, para el martes 16 de mayo.
El juicio debía comenzar a las 10 de este martes, pero el inicio de la sesión se ha retrasado por el intento de búsqueda de un pacto por parte de los acusados para admitir los hechos con el fin de rebajar las penas.
Este es el caso al que se refirió en 2005 el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, cuando espetó en un pleno del Parlament al entonces líder de la oposición y de CDC, Artur Mas, que su partido tenía "un problema", el 3%, aunque concretamente en esta causa no ha podido acreditarse que hubiese comisiones ilegales al partido.
Una vez en la sala este martes, el error del tribunal de la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona, que preside Joan Francesc Uría, ha obligado a posponer la sesión al 16 de mayo, cuando deberá de confirmarse el pacto que buscan buena parte de los acusados.
El mayor escollo para el pacto es que uno de los acusados --José Antonio Salguero-- es reacio al acuerdo, mientras que los otros seis están más abiertos, lo que podría provocar que sólo se juzgara al único que no pacte, mientras que el resto de librarían, admitiendo penas inferiores a las que pedía el fiscal inicialmente.
Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por el presunto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda social para jóvenes promovidos por la empresa pública Adigsa.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco para el supuesto falso técnico Jose María Penin; ambos, militantes de CDC.
Según el fiscal, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la "extraña intervención" de Penin como supuesto técnico externo para decidir la adjudicación a empresarios de obras de rehabilitación en los pisos destinados a vivienda joven: las adjudicaciones se hacían a medida y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.
Los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda --encabezado por Penin y secundado por
un encargado de Adigsa, Xavier Sala, y el jefe del área técnica de Adigsa, Jordi Huguet--, con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.
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