El suceso tuvo lugar en 2014 en la ciudad de Narayanganj, a las afueras de Dacca. Nur Hossain, entonces miembro de la gobernante Liga Awami, pagó a miembros del Batallón de Acción Rápida para matar a un rival político y cuatro ayudantes. Un abogado que grabó los hechos y su conductor también fueron secuestrados y asesinados.
El pasado mes de enero, un tribunal condenó a muerte a 26 personas, entre ellos 16 miembros del Batallón de Acción Rápida, por estos crímenes. Una corte de apelaciones ha ratificado los fallos contra Hossain y 14 militares y ha conmutado las penas de los demás por cadena perpetua.
"Aunque la obligación de las fuerzas de seguridad es protegernos, participaron en estos crímenes", ha dicho el fiscal general, Mahbubey Alam, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer la sentencia definitiva, que ha calificado de "hito".
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han acusado a las fuerzas bangladeshíes de cometer ejecuciones extrajudiciales. Los partidos opositores han denunciado que cientos de activistas han desparecido durante el Gobierno de Seij Hasina.
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