El grado de responsabilidad que tuvo Bancaja Hábitat en la debacle de Bankia ha provocado una honda división entre el tribunal de la Audiencia Nacional al frente del caso y la Fiscalía Anticorrupción; pues mientras el Ministerio Público sostiene que el Grupo BFA Bankia acusó con dureza los deterioros que arrastraba el ladrillo de la caja valenciana, los magistrados no solo no comparten esta tesis sino que además no quieren que se mezcle la investigación contra la excúpula de Bancaja con este procedimiento en pleno ecuador de la vista oral.
Por ese motivo, los tres jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal han dejado patente en una providencia a la que ha tenido acceso La Información que la situación financiera de Bancaja Hábitat forma parte de una causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1, a cuyo frente se encuentra el magistrado Santiago Pedraz. De este modo deniegan su pretensión de incorporar a este procedimiento dos actas y un correo electrónico en los que intervino José Manuel Fernández Norniella en calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva de la entidad Bancaja Hábitat.
La fiscal Anticorrupción al frente de la causa, Carmen Laúna, pretendía con este movimiento acreditar por un lado que la inmobiliaria de Bancaja acumulaba gran parte de los deterioros ocultos que alteraron la imagen de Bankia y su matriz BFA, y, por otro, demostrar que también influyó de manera muy negativa en los estados financieros de 2011 que acabaron siendo reformulados tras pasar de unos beneficios ligeramente superiores a los 304 millones de euros a unas pérdidas de 2.977 millones. De hecho, el Ministerio Fiscal ya apuntó en su escrito de conclusiones provisionales que el proceso de integración de las siete cajas generó un conjunto aproximado de 380 sociedades inmobiliarias, las cuáles procedían en su mayoría de Bancaja.
Los activos inmobiliarios de Bancaja, en el punto de mira
Para la fiscal este asunto es clave puesto que los quebrantos en cuestión se produjeron antes de la salida a bolsa de Bankia e influyeron directamente en el hecho de que la entidad que presidía Rodrigo Rato acabara recibiendo el mayor rescate bancario de la historia del país. Por ese motivo, en sus interrogatorios a acusados y testigos pone el foco igualmente en la situación de Banco de Valencia, entidad que, de acuerdo con la inspección del Banco de España, tenía pendiente de contabilizar en sus estados financieros anuales de 2010 provisiones por deterioro de activos financieros por importe de 215 millones de euros.
De esta forma, la fiscal Anticorrupción centra su interés también en un informe encargado por Bankia en 2010 a PwC e incorporado a la causa cuando arrancó la vista oral contra los 34 acusados el pasado mes de noviembre. Para el Ministerio Público el documento se ha convertido en una prueba pericial de gran calibre ya que vendría a probar que en aquel entonces se advirtió del gran riesgo que suponía para la operación de fusión fría de las siete cajas el hecho de que Bancaja, entidad presidida entonces por José Luis Olivas, sumara tantos activos inmobiliarios.
De hecho este informe, recogido por La Información, ya advertía de que el 81% de los activos del Grupo Bancaja Hábitat correspondía a suelo fundamentalmente concentrado en el arco Mediterráneo (Murcia, Alicante, Valencia o Castellón) y en México. De hecho, solo el país norteamericano recogía más de la mitad de suelo de la entidad valenciana con un total de 53,7 millones de metros cuadrados de suelo. Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional ya ha investigado las operaciones inmobiliarias en México del banco que acabó comprando Caixabank por las inversiones que se realizaron a través del Grupo Grand Coral y que ascendían a 750 millones de euros.
Tampoco hay que olvidar que Anticorrupción ha defendido desde el comienzo del juicio la alternativa de modificar sus conclusiones definitivas y actuar contra todos los acusados por delito de falsedad contable. Tras apuntar en esta dirección, Laúna se cargó de un plumazo la posibilidad de aplicar la doctrina Botín (teniendo en cuenta que el grueso de investigados se sienta en el banquillo por las acusaciones del procedimiento) y adelantó que se podrían pedir responsabilidades penales a todos ellos por ocultar 'a sabiendas' la mala situación patrimonial que, a su juicio, existía en las cajas cuando se fusionaron en el SIP que dio origen a BFA.
Con todo, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo no quiere injerencias en el procedimiento que provoque que se eternice más de lo debido y está centrando la cuestión judicial en los pormenores de la fusión fría así como en los motivos concretos que llevaron a la entidad a, en un gesto totalmente inusual en el sector financiero, presentar los estados financieros de 2011 a la CNMV sin el visto bueno del auditor, lo que aceleró el fin de la etapa de Rodrigo Rato, el cambio de gestores al frente de la entidad y la nacionalización de la misma.
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