México, 2 nov.- Un tribunal federal mexicano asumió el caso de siete miembros del Ejército implicados en los hechos en que perdieron la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya, central Estado de México, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El CJF, que administra el Poder Judicial, indicó en un boletín que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México notificó que el pasado 31 de octubre, alrededor de la medianoche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada contra los siete militares.
A Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Asimismo a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides se les acusa de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Rodríguez Martínez también es acusado de encubrimiento, en la hipótesis de no tratar de impedir la consumación de un delito.
Los siete inculpados, que se encuentran en una prisión castrense del Campo Militar 1-A en Ciudad de México, quedaron así a disposición del Juzgado Cuarto, que atendiendo al lugar donde se encuentran recluidos solicitó al juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal que les recabe la declaración preparatoria.
De acuerdo con el CJF, los siete probablemente participaron en los hechos del 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.
De acuerdo con el comunicado oficial divulgado ese día, una patrulla militar se enfrentó a un grupo de la delincuencia organizada en Tlatlaya, donde los 22 presuntos delincuentes murieron en el tiroteo.
No obstante, una sobreviviente de los hechos que según la versión oficial era una víctima de secuestro liberada por los soldados, aseguró posteriormente que sólo una persona murió en el enfrentamiento y los demás fueron asesinados por los militares después de rendirse.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) concluyó que en el tiroteo murieron 14 de los presuntos delincuentes y ocho resultaron heridos, los cuales fueron rematados por los miembros del Ejército.
Sin embargo, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 12 de los presuntos delincuentes que se habían rendido y otros tres que se encontraban heridos fueron asesinados por militares.
El caso ha provocado numerosas críticas al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y ha derivado en una de sus peores crisis de imagen junto con la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, estado sureño de Guerrero, presuntamente a manos de policías corruptos y de criminales.
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