Fin del camino judicial de la polémica 'tasa RTVE'. El Pleno del Tribunal Constitucional ha cerrado la puerta a las operadoras de telecomunicaciones a seguir batallando contra este impuesto que nació en 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los magistrados han inadmitido a trámite el recurso de las compañías contra la decisión de la Audiencia Nacional de no replantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que implanta el impuesto que financia la radiotelevisión pública, según ha informado el tribunal de garantías. No obstante, el debate ha continuado encima de la mesa, ya que el magistrado Enrique Arnaldo ha anunciado que emitirá un voto particular discrepante con esta decisión.
Los magistrados han analizado si los recursos de amparo presentados por las compañías de telecomunicaciones contenían la "especial trascendencia constitucional" necesaria para que el máximo intérprete de la Carta Magna entrara a estudiar el asunto. En este caso concreto, se trataba de aclarar si la Audiencia Nacional adoptó el criterio correcto al negarse a volver a plantear una cuestión de inconstitucionalidad después de que una primera fuera desestimada por el tribunal de garantías por estar mal planteada. Cabe recordar que solo los jueces y tribunales tienen la facultad de instar al TC a que revise la validez de una norma con rango de ley y determine si la misma puede ser contraria a la Constitución.
La práctica totalidad del Pleno -que ahora mismo cuenta con 11 magistrados, tras la renuncia de uno de ellos por enfermedad- ha considerado que los recursos de amparo presentados no cumplen los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por lo que finalmente se ha dado carpetazo a la última vía abierta por las operadoras para conseguir tumbar este impuesto que gravaba el 0,9% de los ingresos y que ha supuesto un desembolso de más de 1.500 millones de euros. Lo cierto es que el 99% de este tipo de recursos son inadmitidos, si bien en este caso ha contado con la postura favorable para someter a estudio este asunto del magistrado Arnaldo, nombrado en noviembre de 2021, a propuesta del PP.
Este es el último clavo ardiendo al que se habían agarrado las compañías como Telefónica, Vodafone y Orange, que siempre han defendido frente al Gobierno que esta era una tasa discriminatoria que gravaba de manera injusta sus ingresos. Desde la patronal del sector alertaban que era el ejemplo "más sangrante" de los impuestos que sufren. Así, intentaron tumbarla en la Audiencia Nacional y este cerró la puerta, aunque con cierta división interna.
Anteriormente acudieron al Tribunal Supremo que también validó el gravamen. En 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal avaló el modelo de financiación, al entender que el pago del 0,9% de sus ingresos brutos "no puede ser calificada como irracional o desproporcionada". Incluso acudieron al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que al contrario de lo que defendían las operadoras, insistió en que la medida era legal y cumplía con las diferentes directivas europeas.
Reparto con Netflix
Ahora, lo único con lo que las telecos se pueden contentar es con repartir el esfuerzo para financiar la radiotelevisión española entre más actores. La nueva ley audiovisual que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo -con la abstención de Podemos y el Partido Popular- elimina ese 0,9% y lo sustituye por la tasa por la reserva de espectro radioeléctrico. Es decir, se utilizará esa figura impositiva -que también ha sido judicializada- para compensar.
Además, Telefónica y el resto no serán las únicas que paguen como dueñas de televisiones de pago. Los gigantes tecnológicos de vídeo bajo demanda -como Netflix, HBO o Amazon Prime- como prestadores del servicio de comunicación audiovisual, por lo que deberán abonar también el 1,5% de sus ingresos -tendrán que enseñar sus números reales a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-. Aunque esto no entrará en vigor hasta el año 2023, después de que la ley incluyera un 'periodo de gracia' de un año que también generó mucho descontento entre las telecos.
Este no es el único jarro de agua fría que sufren las operadoras en los últimos años. Por ejemplo perdieron la batalla que mantenían con los ayuntamientos por las tasas municipales del 1,5% por sus infraestructuras desplegadas. También han conseguido victorias sonadas, como la del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) cobrado en base al número de torres de telefonía. El Tribunal Supremo, en un recurso de Vodafone, ha apuntado a que este tributo no es correcto. La operadora británica ha logrado unos ingresos extra que han compensado parte de la caída de los procedentes de la conectividad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios