Domingo, 19.11.2017 - 19:10 h

El Tribunal de Cuentas se crece y pide más multas y poder fiscalizador

En plena ofensiva contra los cargos 'rebeldes' de la Generalitat, el Tribunal lleva al Congreso una moción para reforzar su poder fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas pide elevar las multas para quien no atienda requerimientos de colaboración del fiscalizador

El Tribunal de Cuentas quiere tener acceso a la información con trascendencia fiscal de los particulares y empresas a los que fiscaliza cuando sea necesario, también a sus datos de Seguridad Social y además a la información bancaria que se estime relevante a efectos de cumplir con su función constitucional de fiscalizar las cuentas públicas y chequear la adecuada utilización de los recursos públicos por parte de las personas y organizaciones que tienen la responsabilidad de gestionarlos.

Hoy no puede hacerlo y, según el criterio de la organización que preside Ramón Álvarez de Miranda, este déficit condiciona la acción fiscalizadora del Tribunal. Como también lo hace el hecho de que el régimen sancionador por no colaborar con el órgano fiscalizador no haya cambiado desde 1988 y aún se determine en pesetas.

Con el marco normativo vigente, obstruir o eludir los requerimientos del Tribunal de Cuentas se sanciona con multas que van entre las 10.000 y las 150.000 pesetas. Nota para jóvenes de la llamada 'generación Z' que nunca se manejaron con esta moneda, eso equivale a un rango de entre 60 y 900 euros. 

El Tribunal considera que este marco es poco disuasorio y que para ser eficaz y promover el efectivo cumplimiento de los requerimientos dictados desde el organismo lo suyo sería multiplicar la cuantía de estas multas por diez, al igual que ocurre con las multas de tráfico por ejemplo, y elevar ese rango a un segmento entre los 600 y los 9.000 euros.

El planteamiento no es nuevo. De hecho, la moción presentada al Parlamento a través de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas está firmada por su anterior presidente, Manuel Núñez Pérez, y está datada el 24 de febrero, pero el organismo está de moda después de haber sido uno de los brazos ejecutores del castigo legal a los cargos de la Generalitat implicados en la organización de las consultas ilegales del 9-N de 2014 y el controvertido 1-O y el asunto parecer haber recobrado actualidad.

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Lo que plantea el Tribunal de Cuentas a sus señorías es básicamente esto: acceso a los datos con trascendencia tributaria en poder de Hacienda que sean útiles en el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal, hoy limitados a la fiscalización de la propia Agencia Tributaria; acceso similar al a información sobre Seguridad Social, también restringida; libre acceso a la Central de Información y Riesgos del Banco de España para conocer el nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes y también a la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales, dependiente de Hacienda.

También reclama un asunto más peliagudo: poder acceder a la información bancaria sobre créditos concedidos a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales, así como a los préstamos recibidos para gastos electorales.

Por último, extender el principio del deber de colaboración de modo que alcance a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan mantenido algún tipo de relación económica con las Administraciones Públicas, así como a cuantos documentos, datos, informes o antecedentes resulten trascendentes a la hora de fiscalizar la acción de las Administraciones Públicas, las entidades dependientes de éstas o los perceptores de subvenciones.

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