Tribunal de la UE pide más control en la asignación de ayudas agroambientales

  • El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha pedido hoy un mayor control en el reparto y la asignación de las ayudas agroambientales a los agricultores europeos, que, a su juicio, no tienen marcados unos objetivos claros ni tienen en cuenta diferencias regionales entre productores.

Bruselas, 19 sep.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha pedido hoy un mayor control en el reparto y la asignación de las ayudas agroambientales a los agricultores europeos, que, a su juicio, no tienen marcados unos objetivos claros ni tienen en cuenta diferencias regionales entre productores.

Según las conclusiones de un informe del Tribunal sobre este tipo de ayudas, las autoridades europeas y estatales no describen con suficientes detalles los objetivos de las políticas, no efectúan una supervisión adecuada de la asignación de las ayudas y no toman en consideración las necesidades específicas de los agricultores a la hora de otorgarlas.

Asimismo, según el Tribunal, existen "problemas muy importantes" en la cuantía de las ayudas, que no tienen en cuenta diferencias regionales o locales.

Las ayudas agroambientales suponen un gasto de 2.500 millones de euros anuales a las arcas de la UE y tienen como objetivo fomentar entre los agricultores métodos de producción agraria favorables con el medio ambiente.

La Comisión Europea y los veintisiete Estados de la UE son los organismos encargados de repartir las ayudas entre los productores agrícolas europeos.

Es por ello que el Tribunal ha incluido cuatro recomendaciones en su informe para la Comisión y los gobiernos nacionales.

En primer lugar, la Corte comunitaria recomienda una mayor concreción en los objetivos de las ayudas de acuerdo con "la jerarquía de objetivos medioambientales fijados en los programas de desarrollo rural" de la UE.

"Los Estados miembros deberían recopilar y comunicar datos pertinentes y fiables sobre beneficios medioambientales y hacer uso activo de ellos con fines de control", reza el texto.

En este sentido, el documento reclama que se tenga en consideración que los subsidios se destinan a prácticas agrarias existentes en cada territorio, con "costes realistas" y que solamente se diferencien cuando esté justificado.

El Tribunal también pide que los Estados exijan unas metas más claras a los beneficiarios de las ayudas, otorgadas tras la elaboración de estudios y evaluaciones de los costes y los beneficios de las prácticas subvencionadas.

Por último, el informe recomienda que, en un futuro, se escindan las ayudas a actuaciones medioambientales sencillas y con un grado de subvención bajo de aquellas más complicadas que requieran un nivel de ayudas más elevado.

También recomienda separar las subvenciones a los cultivos ecológicos.

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