El tribunal al frente del caso Bankia ha zanjado la polémica surgida en torno a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra la exconsejera Mercedes Rojo. El lapsus de Carmen Launa de no incluirla en su lista de nuevos 15 acusados por delito de falsedad contable al considerar que estaba fallecida se da por subsanado por los magistrados. Ello es así porque, al percatarse del error, la fiscal del caso modificó rápidamente su escrito incluyendo a Rojo entre los nuevos acusados por presunta falsedad en las cuentas anuales de la entidad relativas a 2011.
Así lo determinan los tres jueces al frente del procedimiento en una providencia recogida por este diario en la que además concluyen que la defensa de Rojo -que considera que lo ocurrido es más una negligencia que un error material- guardó "el más absoluto silencio" en la sesión del pasado lunes. La anécdota está marcando el final de la vista oral, la cual se reanudará en septiembre ya con los informes de las partes. Los mismos van a venir marcados por la ampliación de acusación del Ministerio Público, que ha pasado de dirigirse contra la cúpula por estafa a ampliar el foco a una quincena más de altos cargos contra los cuáles solo actuaban las acusaciones particulares.
Entre ellos se encuentra Mercedes Rojo. La que fuera miembro del comité de auditoría de BFA no figuró en el listado de nuevos acusados de la fiscal Launa al considerarla fallecida. La rápida corrección del Ministerio Público -que recordó que tampoco venía incluida entre los absueltos- no evitó que su defensa se opusiera a este movimiento procesal, que calificó de extemporáneo. En su escrito remitido a la Sección Cuarta, su letrado explicó que este cambio suponía una "mutación en toda regla" y que, por tanto, no debería ser consentido por el tribunal.
Sin embargo, el mismo zanja ahora el asunto recordando que Rojo, que afronta una petición de la fiscal de dos años de cárcel, ya era acusada por determinadas acusaciones particulares, por lo que no se libra de tener que responder por el presunto maquillaje de los estados financieros de 2011 que se presentaron a la CNMV sin firma del auditor y que posteriormente fueron reformulados ya bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri.
A juicio de Launa, los consejeros contra los que ahora se dirige, y que en su mayoría eran miembros de los comités de auditoría de Bankia y de la matriz, "hicieron una consciente voluntaria dejación de sus funciones" impidiendo que la auditoría pudiera aflorar los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable. Para ello, la fiscal enumeró en su escrito de conclusiones definitivas todos los encuentros que tuvieron lugar en relación a la formulación de los estados financieros entre octubre de 2011 y marzo del siguiente año matizando que los acusados pro falsedad contable eran conscientes de que estas cuentas "no reflejaban la imagen fiel de la entidad".
Reacción de las defensas
Como era de esperar, las defensas aguardaron su turno de palabra en esta fase de conclusiones para elevar a definitiva la petición de absolución de sus clientes sin obviar lo que denominaron como "cambio copernicano" en la acusación de la fiscal. Todos los prestigiosos letrados de los acusados, encabezados por Ignacio Ayala (abogado de Rato) expusieron que se había producido con este asunto una vulneración de los derechos fundamentales de sus representados y adelantaron que ahondarían en el asunto en la próxima fase del procedimiento, relativa a la exposición de los informes finales.
De acuerdo con su tesis, la acusación por falsedad contable de Anticorrupción les ha dejado en una situación de indefensión puesto que no se ha dirigido contra ellos durante toda la vista oral, que arrancó el pasado mes de noviembre. No obstante, y aunque la fiscal ha concretado su acusación en esta fase final del juicio, ya avanzó durante las cuestiones previas que no descartaba dar este paso a tenor de cómo avanzara la vista y más específicamente, la prueba pericial. Launa considera que aunque las cuentas no fueron auditadas, sí se presentaron ante el consejo de administración del banco y ante el regulador, por lo que existe la comisión de delito de falsedad contable o, de manera subisidaria, la tentativa del mismo.
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