La decisión de alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, de abrir las instituciones públicas el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, no es nueva. Una propuesta similar adoptada por Bildu la pasada legislatura, cuando gobernaba el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa, fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hace dos años.
Es más, en una sentencia de enero de 1985 recogida por Europa Press, el Tribunal Constitucional ya rechazó sendos recursos presentados por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco contra el calendario de festivos nacionales fijado por el Gobierno. El Tribunal de Garantías alegó entonces que dicho calendario no invadía las competencias de las dos comunidades autónomas recurrentes al ser la legislación laboral competencia exclusiva del Estado.
En estas dos ocasiones en las que los tribunales se han manifestado sobre la fijación de los festivos estatales, estos han fallado a favor del Estado por considerar que es la Administración competente en esta materia.
De hecho, el TC argumentó entonces que la fijación de los festivos por el Estado garantiza que el derecho al descanso "se realice en condiciones de igualdad" en todo el territorio nacional y permite también coordinar los calendarios laborales de distintas regiones. Esto, señaló, minimiza "los efectos negativos que sobre las relaciones económicas nacionales e intracomunitarias pueden producirse debido a la multiplicidad de fiestas comunitarias propias".
Asimismo, el alto tribunal rechazó que el límite anual de catorce fías festivos pudiera entenderse por las comunidades recurrentes como "una reserva absoluta para llenarlo autónomamente", o como un reconocimiento de carácter prioritario de las fiestas fijadas por la comunidad frente a las de ámbito nacional.
INHABILITADA PARA HACER LABORABLE UN FESTIVO
La sentencia más reciente, la dictada por el TSJPV en 2014 y recogida por Europa Press, declaró nula una circular interna de la Diputación de Guipúzcoa que daba opción a los empleados forales a trabajar el 12 de octubre, festivo en el Estado, a cambio de otra jornada libre a disfrutar dentro de la misma anualidad.
El tribunal estimó el recurso de apelación interpuesto por la Delegación del Gobierno central en el País Vasco y declaró la nulidad del acuerdo adoptado por la institución foral guipuzcoana al considerar que infringía "manifiestamente las competencias de la Administración del Estado en materia de jornadas de trabajo y descanso".
"La Administración demandada no es competente para modificar el calendario de festivos", apuntó el TSJPV, al tiempo que subrayó que la Diputación no estaba "habilitada para hacer laborable, en ningún caso o situación, un día festivo".
"QUE LA JUSTICIA LO IMPIDA"
En este contexto, y a sabiendas de que existen antecedentes que apuntan a que la iniciativa de la regidora de Badalona será impugnada, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha pedido a la Justicia que "impida" a dicho consistorio abrir las oficinas públicas el 12 de octubre.
Es la primera vez que desde la Alcaldía de una de las ciudades más grandes de Cataluña se desafía a la festividad de la Hispanidad. No obstante, ya en 2012 algunas instituciones catalanas abrieron sus puertas y permitieron a sus empleados ir a trabajar de manera voluntaria.
Ocurrió especialmente en las comarcas de Girona y Osona (Barcelona), aunque en ese momento la Delegación de Gobierno no reclamó un pronunciamiento por parte de la Justicia.
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