La pretensión del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como 'el Albondiguilla') de que la Audiencia Nacional investigue sus acusaciones contra Esperanza Aguirre no ha prosperado. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha ordenado devolver el escrito a la Fiscalía Anticorrupción, donde el expolítico popular presentó la denuncia, al considerar que no aporta nada en la investigación penal sobre la presunta caja 'b' del PP madrileño.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid está imputada en este procedimiento desde el pasado mes de septiembre después de que el Ministerio Público la señalara como la artífice de la presunta financiación irregular de la formación regional con donaciones de empresarios afines al partido para costear los gastos de las campañas electorales de 2007 y 2011. De hecho, mantiene que jugó un "papel esencial" durante esos años y que posicionó tanto a Francisco Granados como a Ignacio González en puestos clave del Gobierno hasta convertirles en "ejecutores de sus decisiones", lo que ambos aprovecharon en su interés personal.
Una tesis que comparten algunos excargos del PP regional como es el caso de el 'Albondiguilla'. Tanto es así que el pasado mes de enero éste presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que la señalaba como máxima responsable de esta presunta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional desde el año 2014. De acuerdo con la información, recogida por el diario Libertad Digital, en su escrito de 10 páginas adelantaba su intención de colaborar con la Justicia y apuntaba que Aguirre tuvo el control directo de todo lo que ocurría en la Comunidad de Madrid desde su llegada a la presidencia en el año 2003.
Vínculos con trama Gürtel
De este modo, el exalcalde popular recogía una serie de anécdotas relativas a los presuntos vínculos del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir con la exlíder del PP madrileño, así como otras reuniones mantenidas entre el cabecilla de esta trama, Francisco Granados, con una veintena de alcaldes de municipios madrileños en los que se les exhortaba a encontrar financiación paralela para el partido tras haberse elevado el gasto para las campañas electorales dejando un déficit de dos millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6 que adhiriera este escrito a la causa Púnica al considerar que guarda relación directa con los hechos que investiga. Sin embargo, el instructor ha respondido que este escrito debe devolverse al Ministerio Público y le recuerda además que el autor de estas acusaciones "está incriminado en otros procedimientos penales", en referencia a su implicación en la trama Gürtel. De hecho, Anticorrupción pide para él 40 años de cárcel por las actividades de la red liderada por Francisco Correa en el municipio de Boadilla del Monte, localidad de la que fue alcalde con el Partido Popular.
Denuncia genérica y falta de pruebas
El magistrado asegura en su providencia, a la que ha tenido acceso este diario, que una vez examinado el contenido de las denuncias presentadas, se concluye que son de carácter genérico y que no se han practicado diligencias de investigación por parte de las fiscales del caso para contrastar la veracidad de las acusaciones. "Y, dado que las mismas se efectúan por personas incriminadas en otros procedimientos penales, atendiendo que las mismas carecen de relevancia para el esclarecimiento de los hechos, procédase a su devolución a la Fiscalía Anticorrupción", concluye el instructor del caso Púnica.
La expresidenta madrileña ya fue interrogada por estos hechos que se investigan en la pieza nueve de la macrocausa. En su declaración, que se produjo el pasado mes de octubre, Aguirre se desligó por completo de la presunta trama del 1% así como de las presuntas donaciones irregulares de empresarios cercanos al partido asegurando que ella nunca tuvo responsabilidades económicas, administrativas ni contractuales en la formación. De hecho, apuntó que la gerencia del partido a nivel regional era de también investigado Beltrán Gutiérrez y dijo que jamás vio dinero en efectivo en la sede que tiene el partido en la calle Génova.
No obstante, el Ministerio Público mantiene su línea de investigación, la cual también llevó a requerir información clave al actual Gobierno madrileño para estudiar el presunto desvío de fondos públicos con la trama del 1%. Así fue como concluyeron que el total de dinero que se habría obtenido aplicando esta cláusula en los contratos públicos de Madrid fue de 3,85 millones de euros. Con todo, la causa, que debe estar instruida antes de junio de este mismo año, no contará (al menos por el momento) con la imputación del PP como persona jurídica. El instructor ha rechazado en numerables ocasiones esta pretensión de la acusación popular que ejerce IU al considerar que no es el momento procesal oportuno.
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