El Tribunal Supremo afronta la decisión de admitir a trámite la querella interpuesta contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por las escuchas del caso 'Lezo' con un nuevo informe del Ministerio Público. En el mismo la Fiscalía se postula en contra del estudio de la querella de idéntica forma a cómo lo hizo hace apenas dos meses cuando se le dio traslado nada más aterrizar en el alto tribunal, según fuentes jurídicas consultadas por La Información.
Este pronunciamiento tiene lugar a tenor de una nueva documental aportada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en relación a la querella que presentó en su contra Carlos Domínguez, letrado del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Se trata de tres oficios de la Guardia Civil que recogen la transcripción de las conversiones abogado-cliente interceptadas por la Policía Judicial no solo relativas al empresario sino también a otros investigados en el procedimiento como su yerno Javier López-Madrid y los exdirectivos de OHL Tomás García Madrid y Damián Ramos.
El crudo enfrenamiento entre las partes tuvo su origen con motivo de un informe médico presentado por la defensa del expresidente de OHL a la causa 'Lezo' en el que se informaba de la imposibilidad de que éste pudiera cumplir con la diligencia acordada por el juzgado y relativa a la toma de huellas digitales en la comandancia de la Guardia Civil. El instructor, ante la sospecha de que el volante pudiera ser falso, decidió no excluir de la causa las conversaciones mantenidas entre letrado y cliente y remitió parte del asunto a un juzgado de Plaza Castilla por si la conducta del médico pudiera ser constitutiva de delito. La titular del juzgado número 5, Carmen Valcarce, archivó el asunto si bien lo volvió a reabrir a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La defensa de Villar Mir apunta igualmente en un informe pericial entregado al alto tribunal que García Castellón simuló que la providencia con la que anunció el cierre definitivo de la pieza de las escuchas era de una fecha anterior a la presentación de escritos del investigado, cuando, en realidad, se habría redactado cuatro días después de la firma oficial. Sea como fuere, la decisión del juez de no extraer estas conversaciones telefónicas de las pesquisas estuvo respaldada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que provocó una enérgica reacción del Colegio de Abogados, que consideró que se estaba vulnerando el derecho letrado-cliente al secreto profesional.
Adjudicación irregular del tren de Navalcarnero
El expresidente de la constructora está imputado en la causa sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II por el presunto pago de una comisión de 2,5 millones de euros al Gobierno de Esperanza Aguirre en el año 2007 para que su grupo se hiciera con la adjudicación del fallido proyecto de cercanías que iba a unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero. Villar Mir, por su parte, negó estos extremos en su declaración en sede judicial y apuntó que tenía la sospecha que alguien lo desvió desde dentro de la multinacional para beneficio propio.
La entrega de la nueva documentación, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso este diario, hizo que el estudio de la querella -que ya contaba con la negativa del Ministerio Fiscal- se retrasara más allá del mes de enero. Con todo, y en lo que respecta a la causa abierta en Plaza Castilla contra el doctor del empresario, el avance de las pesquisas ha llevado al mismo a presentar una serie de documentos que vendrían a avalar que realmente estaba indispuesto de cara a cumplir con la diligencia acordada por el juzgado. De hecho, uno de lo escritos entregados recoge un segundo informe médico emitido por otro facultativo, según el cual se demostraría la dolencia de Villar Mir.
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