El Tribunal Supremo ha anulado la decisión del Gobierno canario de prohibir las viviendas de alquiler vacacional en las zonas catalogadas como turísticas, al estimar que esa limitación contraviene la libertad de empresa y solo busca "favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales".
El tribunal confirma así la sentencia dictada en mayo del año pasado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que había observado ese mismo problema de legalidad en el decreto que regula el alquiler vacacional en las islas desde 2015, también señalado como tal por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
La normativa que ha regulado hasta ahora la vivienda vacacional en Canarias impedía ofrecer ese tipo de alquileres en zonas catalogadas oficialmente como turísticas, lo que en la práctica vetaba esa actividad en buena parte de la comunidad autónoma o, como denunciaban los afectados, por lo menos en algunos de los lugares más demandados por los clientes de este tipo de alojamiento.
Libertad de empresa
El Alto Tribunal falla que establecer esa prohibición contraviene la libertad de empresa que garantiza la Constitución Española y la libre prestación de servicios que consagra la Directiva Europea relativa a Servicios de Mercado Interior de 2006.
El decreto del Gobierno de Canarias sobre viviendas vacacionales ha recibido varias sentencias desfavorables del TSJC, no solo por prohibir esa actividad en zonas turísticas (el asunto que ahora ha llegado al Supremo), sino también por no permitir que sus propietarios las alquilen por habitaciones sueltas. Pese a ello, el decreto ha seguido estado vigente, porque el Gobierno de Canarias recurrió los fallos ante el Supremo.
La sentencia conocida hoy supone la primera decisión firme sobre la normativa que regula el alquiler vacacional en las islas. En un comunicado, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que agrupa a más de 1.400 propietarios, asegura que "hoy es un día feliz" para su sector, que genera una actividad de más de 1.500 millones de euros en el archipiélago, destaca.
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