El Tribunal Supremo trabaja en la redacción de la sentencia del juicio por la deriva independentista de Cataluña de cara a tenerla terminada y comunicada a las partes antes de que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplan dos años en prisión preventiva, en tanto la Ley determina que es en ese horizonte temporal cuando se debe revisar si se prolonga o no la situación de cárcel que se acordó contra ambos el 16 de octubre de 2017. Así lo confirman fuentes del alto tribunal que explican que se espera haber terminado la redacción del fallo contra los doce líderes independentistas para antes de que se cumplan dos años de esa fecha, es decir, en poco más de un mes.
Las mismas fuentes determinan que los siete magistrados de la Sala de lo Penal que integraron el tribunal enjuiciador están trabajando de lleno en su resolución y lo están haciendo por bloques temáticos. Aunque el asunto troncal es dirimir si los hechos acometidos durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia son constitutivos del delito de rebelión, el asunto es de tal complejidad que hablar de unanimidad entre los magistrados es arriesgado.
De este modo, aunque se trabaja para lograr la unanimidad no es de extrañar que la sentencia del procés cuente con algún voto discrepante, el cual se puede emitir hasta el mismo momento de la firma de la resolución. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un juicio nunca antes celebrado en la democracia española y que suma no solo doce acusados sino también una compleja prueba pericial y más de 500 testificales. El abundante material con el que trabajan los siete magistrados hace que no se descarten desacuerdos en matices del asunto, aunque cabe diferencias entre voto particular discrepante (sobre el fondo del contenido) y concurrente (relativo a matices sobre figuras delictivas concretas).
La política, de lado
Así las cosas, las fuentes del alto tribunal consultadas explican que los debates que se producen entre el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y el resto de magistrados se ciñen exclusivamente al ámbito jurídico. Esto es, que el contexto político que rodea a la situación de Cataluña no influirá ni en los tiempos ni en el contenido de la sentencia. Un extremo que ya ha tanteado la fiscal general del Estado, María José Segarra, la cual ha advertido en su discurso durante el acto de apertura del año judicial que se ha celebrado en el alto tribunal que todos tienen que acatar las conclusiones del fallo sobre el 'procés', sean las que sean.
Igualmente, todo apunta que no habrá lectura pública del fallo. Los motivos se deben a que se espera que sea una resolución larga y compleja, por lo que leeerla en directo podría conllevar mucho tiempo. Tampoco se baraja la opción de resumirla porque entonces muchos aspectos no quedarían lo suficientemente explicados. Por eso todo apunta a que se dará traslado a las partes de la misma en cuanto esté redactada; esto quiere decir que no influirá en su divulgación una posible convocatoria electoral.
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