Barcelona, 6 sep.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la causa contra el diputado de CiU Ferran Falcó, que fue imputado por el supuesto cobro de comisiones en la empresa pública Adigsa destapado a raíz de la insinuación del expresidente Pasqual Maragall que CiU cobraba comisiones del 3 %.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada del TSJC Núria Bassols archiva la causa contra Falcó al entender que no se han encontrado indicios de que el ahora diputado autonómico de CiU interviniera o ni tan sólo conociera la existencia de un sistema de contratación irregular en Adigsa, debido al perfil institucional que ostentó cuando presidió esta empresa pública durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.
La magistrada, no obstante, ha devuelto el caso al juzgado de instrucción número 3 de Barcelona para que siga su tramitación contra los otros siete encausados, que a diferencia de Falcó no gozan de la condición de aforados ya que no son diputados, entre ellos el intermediario José María Penín, pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que actualmente lidera el Departamento de Empresa.
La causa la inició el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona en 2005, a raíz de una querella de la Fiscalía después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) denunciase en el Paralment el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras por parte de los anteriores gobiernos de CiU, con la frase dirigida a la bancada convergente: "ustedes tienen un problema, que se llama 3 %".
La magistrada argumenta en el auto que las irregularidades supuestamente cometidas, relativas al supuesto cobro de comisiones en obras de reformas de pisos, afectaban a un área "muy concreta", lo que contrasta con el elevado volumen de contratación de Adigsa.
Por este motivo, concluye que "la lógica conduce a considerar que difícilmente el presidente de la empresa pública podía sospechar una actuación tan menospreciable si no concurría ninguna circunstancia que haga pensar de forma contraria, que no se ha intuido en el curso de la investigación".
Tras analizar la documentación obtenida a lo largo de siete años de instrucción, la magistrada considera que en todo el procedimiento de contratación en el que supuestamente se habrían cometido los ilícitos penales que la fiscalía imputaba a Falcó "en ningún caso se revela y ni tan siquiera se intuye ningún tipo de participación" del ahora diputado de CiU.
"No se han hallado indicios en toda la causa de la supuesta intervención, ni tan sólo del hecho de que el aforado (Falcó) fuera conocedor de ningún tipo de sistema de contratación irregular, dado el perfil institucional del presidente de Adigsa", subraya el auto.
De hecho, el propio Falcó, que declaró como imputado el pasado 22 de mayo, se desmarcó ante la juez del cobro de comisiones en las obras de reforma de pisos y alegó que sus competencias eran sólo políticas, no ejecutivas.
La magistrada tampoco considera acreditado que fuera Falcó quien contratara para Adigsa al intermediario imputado José María Penín, investigado por su papel clave en la trama, al no dar crédito a la versión el entonces consejero delegado de Adigsa Josep Anton Fontdevila, que sostiene que fue el diputado de CiU quien le recomendó su contratación.
El juez de instrucción número 3 de Barcelona ya estaba a punto de enviar a juicio la causa en el año 2007, en un auto en el que apreciaba suficientes indicios para acusar a los imputados, entre ellos Falcó -que aún no era diputado-, de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.
Sin embargo, el abogado de Falcó logró reabrir la causa al pedir una pericial para determinar el valor en el mercado de las viviendas investigadas, integradas en el llamado Pla Jove de Adigsa, antes y después de su rehabilitación, que años después se aportó sin ningún resultado concluyente.
El proceso judicial sufrió otra demora cuando Falcó fue elegido diputado al Parlament en noviembre de 2010 y obtuvo la condición de aforado, por lo que el caso pasó al TSJC, que ahora, casi tres años después, lo devuelve al juez de instrucción al archivar la causa que afecta únicamente al diputado de CiU y expresidente de Adigsa.
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