El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, declarará como investigado el próximo día 15 de mayo por la polémica de los lazos amarillos durante la campaña electoral. El Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC) lo citado a declarar en calidad de imputado después de que la Fiscalía presentara una querella por desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) al no acatar su orden de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos.
La Fiscalía presentó una querella en la que acusaban al presidente autonómico de "desatender" su mandato "consciente y deliberadamente" al mantener en los edificios de la Generalitat la simbología "partidista". La JEC envió hasta tres requerimientos a Torra para que retirara los lazos amarillos y la pancarta de los políticos catalanes presos de todos los edificios del gobierno autonómico mientras durase el periodo electoral.
Fuentes de la Generalitat han precisado que el TSJC les ha consultado la fecha, que ellos han dado su visto bueno al día 15 y que se prevé que en breve les llegue la citación, después de que el 2 de abril el alto tribunal catalán admitiera a trámite la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña y designara instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos, según ha informado TV3. Fuentes del TSJC consultadas por Europa Press han precisado que todavía no se ha emitido ningún citación formal para la declaración de Torra.
En su querella, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusó a Torra de un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la 'autoridad superior', cometido por una autoridad o funcionario público. Y que señaló que el presidente incumplió "consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la JEC" en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo, en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat.
La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el "flagrante incumplimiento" de las órdenes, decidió ordenar al consejero de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.
Además, la JEC envió documentación a la Fiscalía General del Estado -información adjuntada a la querella contra Torra- con informes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y comunicaciones de la Delegación del Gobierno en los que se detallaban los edificios que mantuvieron los símbolos hasta el 21 de marzo.
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