Presuntos amaños con las obras de Panamá

La UCO acredita el desvío de 41 millones en mordidas para la caja B de Odebrecht

Los agentes analizan correos internos de la brasileña que implican a FCC en este sistema de comisiones repartidas tras inflar los contratos de obra. 

Sede de FCC
El magistrado imputó a la constructora por delitos de corrupción y blanqueo. 
FCC - Archivo

La Guardia Civil ha acotado el circuito de desvío de fondos que la constructora brasileña Odebrecht habría impulsado junto con exaltos cargos de FCC con dos megaproyectos de Panamá. Los agentes, que ya advirtieron del reparto de mordidas entre altos directivos de estas empresas y autoridades del país centroamericano, constatan ahora el recorrido de las comisiones que amasaron durante años tras inflar los contratos de estas obras públicas y que acabaron en la caja B de la empresa brasileña. En concreto, y según el determina la UCO, en apenas diez meses entre los años 2012 y 2013 lograron desviar 41,05 millones de dólares (cerca de 34 millones de euros).

Así lo constatan los agentes en su último informe remitido a la Audiencia Nacional en el marco de la causa que investiga a FCC por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. El documento, al que ha tenido acceso La Información, analiza el material entregado por Países Bajos en respuesta a la comisión rogatoria librada por el magistrado Ismael Moreno. Los investigadores destapan la existencia de un entramado de cuatro escalones que va desde que se transfieren los primeros pagos hasta que llegan a la última offshore. Según explican, unas pesquisas paralelas en Suiza sobre estos hechos han aflorado la existencia de correos internos dentro de la estructura secreta del grupo Odebrecht. Los mensajes apuntan a la participación de FCC en el sistema de sobornos que tuvo también su derivada en países como Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua. 

Los correos hacen alusión al pago del 1% "aceptado por los españoles" en sobrecostes resultantes de los trabajos realizados en el proyecto Metro 1 de Panamá. En las comunicaciones, que se intercambiaron dos empleados de Odebrecht en marzo de 2012, se habla de que "la convergencia ha sido bien aceptada por los españoles", en clara referencia a la constructora del magnate mexicano Carlos Slim. Precisamente, el magistrado imputó en octubre de 2019 a FCC por pagos que superaban los 82 millones de euros derivados del proyecto de construcción del metro y de la Ciudad de la Salud. La dinámica consistió en sobrefacturar en más del doble el precio de adquisición del acero e incluso en aparentar que se compraba más tonelaje del que se necesitaba en realidad. 

Compra del acero

En este nuevo informe los agentes explican que 73,7 millones de dólares del monto total desviado provenían del erario público puesto que es lo que Panamá abonó por el proyecto. Los 9,3 millones de dólares restantes salieron de las arcas de FCC. Ese dinero se transfirió a la sociedad helvética Global Quality Steel S.A, que fue la encargada de adquirir los suministros. Precisamente esta sociedad es la primera de una maraña de firmas de las que se sirvieron los principales acusados en la causa para desviar estas cuantías. Según los agentes, este movimiento de dinero, que se justificaba con servicios ficticios que nunca se llegaron a prestar, sirvió no solo para nutrir esa caja B de Odebrecht sino también para pagar mordidas a funcionarios y dirigentes políticos implicados en esta operativa.

Así pues los fondos pasaron de la firma Global Quality Steel a SCES Steel Services (con sede social en Delaware) y finalmente a Convergence Capital Partners (CCP). En la causa ya figuran como imputados los tres administradores de las mismas. No obstante, la UCO explica en el informe del pasado 14 de diciembre que los beneficiarios reales de esta última sociedad pantalla son cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya. Los agentes les vinculan directamente con las cuentas suizas de CCP y descubren nuevas transferencias a favor de esta empresa pantalla importe total de 41 millones de dólares. 

En concreto, analizan hasta 38 pagos que los acusados efectuaron desde SCES Steel Services en apenas diez meses (entre mayo de 2012 y marzo de 2013) por 37 millones de dólares. El resto del dinero hasta llegar a los 41 millones salió también de una sociedad offshore relacionada con Odebrecht. La propia FCC presentó en Anticorrupción dos denuncias sobre estos acuerdos comerciales en los que se vio salpicado Mauricio Cort, presunto testaferro del expresidente panameño Ricardo Martinelli. La constructora aportó facturas y transferencias libradas entonces en relación a los dos proyectos en Panamá aunque para el instructor no fue suficiente. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 consideró que tenían que imputarlas como personas jurídicas porque ni activó ni aplicó protocolo alguno para detectar estas situaciones que se dieron en la empresa.

Derivadas en 'Lezo' o 'Erial'

Entre las sociedades receptoras de los 41 millones de dólares detectados por la UCO se encuentra Lion's Soul Corporation. Se trata de una firma holandesa, accionista de Convergence Capital Partners y vinculada a los ciudadanos uruguayos arriba mencionados. Los agentes constatan que, en fuentes abiertas, "hay multitud de resultados" que apuntan que esta offshore se utilizó también en otras macrocausas de corrupción. En concreto determinan que sirvió de intermediaria para canalizar pagos a dirigentes políticos implicados en causas como Lavajato (en el marco de la cual fue detenido el expresidente brasileño Lula da Silva), Erial (abierta contra el exministro Eduardo Zaplana por presunto blanqueo) o Lezo. Esta última, que también se instruye en la Audiencia Nacional, tiene como principal imputado a Ignacio González por supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II. 

La trama de Odebrecht, que salpicó a más de una decena de gobiernos de Centroamérica y Sudamérica, también alcanzó a la constructora Eathisa Ingeniería y Servicios S.A. La Policía Judicial la sitúa en un primer escalón dentro de todas las sociedades empleadas por Odebrecht para desviar las mordidas de las obras públicas. De acuerdo con información de la Agencia Tributaria, esta empresa giró seis transferencias entre agosto del 2014 y mayo de 2015 a sociedades del entramado por importe de 4,9 millones de dólares (4 millones de euros). Como venía siendo habitual, los acusados desviaron estos fondos a otras firmas ligadas a la constructora brasileña, acabando gran parte de los fondos en el paraíso fiscal Antigua y Barbuda. 

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