La UCO sigue tras la pista de la fortuna que amasó Francisco Granados en su etapa en activo en política. La Policía Judicial al frente del caso Púnica ha remitido un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que acredita indicios que apuntan que uno de los constructores claves de esta trama, Ramiro Cid Sicluna, integró en sus sociedades parte del patrimonio del exsecretario general del PP madrileño. Se trata de un constructor el cual, junto con el también investigado David Marjaliza, se benefició de adjudicaciones de proyectos urbanísticos en la madrileña localidad de Valdemoro mientras éste fue alcalde de la misma y por las que, a cambio, habría cobrado comisiones.
Así lo concluye la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso La Información y en el que explica que para su realización se han apoyado en la documentación tributaria y bancaria requisada al propio Granados así como a su mano derecha y presunto testaferro, Ignacio Palacios, además de las declaraciones prestadas por algunos de los testigos de esta causa. De este modo detallan que en el año 2002 Granados y su pareja adquirieron en la localidad en la que era alcalde varios inmuebles (entre ellos una vivienda por importe de 127.504 euros) a la sociedad Nuevo Parque Valdemoro, de Ramiro Cid Sicluna. Pese a que la operación se registró ante notario, el informe destaca que "resulta llamativo" que no se especificase detalle alguno sobre el método de pago en las escrituras pública formalizadas al efecto.
"Toda vez analizadas las cuentas bancarias en las que aparece como titular o autorizado Francisco José Granados, de las que tiene conocimiento esta Unidad, no se han localizado movimientos compatibles con el pago de dichas adquisiciones", reza el oficio de la UCO, el cual añade que esta relación con Cid Sicluna se evidenció también en el uso de un local propiedad de la mercantil Obras y Vías S.A, propiedad del promotor madrileño. De hecho esta es una de las muchas firmas que se vinculan tanto al constructor como a su presunto testaferro, Alfonso Pogonoski. Así, entre el entramado que recoge el informe destacan también Tuvalo Gestión S.L, Eterea Desunt, Inducon S.A o Dyse S.L. Se trata de empresas todas ellas que aparecen ligadas a operaciones inmobiliarias con Granados.
El 'pelotazo' de Ciempozuelos
En lo que respecta a Inducon S.A (registrada como empresa dedicada a prestar servicios hoteleros) se acredita su vínculo con una casa en Valdemoro que, de acuerdo con las escuchas interceptadas, iba a ser para Granados, mientras que en relación a Obras y Vías, la Guardia Civil apunta que el político participó en una operación con la que se adquirieron 97 viviendas y 97 plazas de garaje en Rivas. Al respecto destacan los agentes el papel de Palacios como supuesto testaferro del exconsejero de transportes de Madrid. Según explican, se puso al frente de la sociedad AyJopen Consulting para que el político pudiera participar de manera oculta en una filial de Obras y Vías, la cual estaba participada en un 49% por Cid Sicluna y en otro 49% por el constructor confeso, David Marjaliza.
"Durante la etapa de Granados como alcalde de Valdemoro, el constructor se vio favorecido de resoluciones en materia urbanística. Como respuesta, según reconoció Marjaliza, Granados recibió comisiones a cambio".
"Llegados a este punto, en virtud de todo lo anterior, se concluye cómo Granados impulsó modificaciones urbanísticas que redundaron en un beneficio económico del entramado empresarial de Cid Sicluna por su actividad como promotor urbanístico. Se han identificado elementos que indican que el expolítico habría disfrutado de un patrimonio que no titula formalmente sino que se encuentra oculto en la estructura societaria de Cid Sicluna, permitiendo además el beneficio económico de terceros como fueron Ignacio Palacios y Cristiane Juca Guimaraes", sentencia la UCO en el informe en el que recuerdan que Granados ocultó en Suiza un total de 1,5 millones de euros entre los años 2000 y 2004.
Arpegio, en el epicentro
Al respecto destapan que todos los implicados en esta red-entre los que se incluyen familiares directos de Ignacio Palacios- participaron en un proyecto inmobiliario en la localidad de Ciempozuelos que no llegó a materializarse "por causas ajenas al principal investigado". El 'pelotazo' consistía en una subasta de naves industriales que se iban a adquirir con fondos provenientes de dos firmas vinculadas al cuñado del testaferro de Granados. La UCO acredita, a su vez, que las firmas ligadas a esta persona resultaron adjudicatarias de las empresas públicas Arpegio y Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid además de Over Marketing. Esta última es una de las firmas clave de la trama de corrupción cuyo administrador, Daniel Horacio Mercado, admitió haber participado en una presunta financiación irregular de las campañas del PP madrileño mediante un circuito de facturas falsas.
En lo que respecta a Arpegio, Anticorrupción sospecha que esta firma pública, que se creó bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, se utilizó para desviar de 800 millones de euros de las arcas regionales. Al respecto apunta la UCO que "existen indicios de posible irregularidad" en los contratos de los que se benefició el familiar de Ignacio Palacios y añade que se han identificado pagos superiores a los 12,6 millones de euros de esta empresa beneficiaria de adjudicaciones públicas a otra también implicada en este entramado. De acuerdo con las cifras facilitadas a la causa por la Agencia Tributaria, la empresa obtuvo de Arpegio en el año 2006 un total de 699.027 euros mientras que entre los años 2004 y 2007 recibieron del Consorcio de Transportes poco más de de 1,6 millones de euros.
