La Policía Judicial de la trama Púnica está estrechando el cerco en las empresas que participaron en la presunta financiación irregular del PP madrileño. En el último informe incorporado a la causa, solicitan al magistrado que reclame a Hacienda y a determinadas entidades bancarias más información relacionada con las sociedades que habrían emitido facturas falsas para costear las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011, así como las generales de 2008 en las que Mariano Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno.
Por ese motivo, el magistrado que instruye esta causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado una batería de diligencias para que la Unidad Central Operativa (UCO) disponga cuanto antes de estos datos. En primer lugar, requiere a Banca March, Banco Popular, Caixabank, Bankinter y Banco Santander información detallada sobre unas determinadas cuentas así como los movimientos registrados entre enero de 2010 y diciembre de 2014.
El escrito, al que ha tenido acceso este diario, se centra en dos personas ya conocidas en el entramado: Juan Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez, ambos imputados en la causa por su vinculación con la agencia de publicidad Swat. Esta es una de las sociedades que habría participado en la operativa de financiación irregular del PP madrileño mediante la emisión de facturas que recogían partidas falsas. A cambio, se adjudicó contratos de consultoría y otra índole de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II.
Además, los investigadores del caso piden un informe detallado del actual administrador de Swat, Madoz Echevarría, un listado de todas las sociedades con las que guarda cualquier tipo de vínculo y todas las operaciones de cuentas bancarias, préstamos y créditos entre los años 2010 y 2014. El instructor también ha atendido su solicitud de que requiera a la Agencia Tributaria información sobre José Miguel Alonso, quien también figuró como administrador único de Swat, si bien ahora se le relaciona con la mercantil Strat Map.
De hecho, esta última aparece en el documento que recoge las seis sociedades sobre las que la UCO pone también el foco por sus vínculos con la presunta financiación irregular de las campañas electorales del PP en esos años. Con todo, el juez reclama también a Hacienda una lista de las relaciones comerciales de estas empresas (entre las que se encuentran Eico y Madiva, pertenecientes al 'conseguidor' Alejandro de Pedro) con Indra.
Indra, empresa clave en el entramado societario
Los investigadores han apuntado en innumerables ocasiones durante los cuatro años de instrucción a la multinacional tecnológica por el determinante papel que jugó como presunta intermediaria en la red en la que, según estima la Policía Judicial, llegó a desviar más de medio millón de euros. También menciona a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), de la que fue exconsejero delegado José Martínez Nicolás. De hecho, esta es una de las empresas públicas epicentro del caso de corrupción desde la cual se habría llegado a desviar hasta un millón de euros, de acuerdo con la versión que prestó en calidad de testigo el exdirectivo de la misma, Silvano Corujo.
El juez ha acordado todas estas diligencias en connivencia con las dos fiscales Anticorrupción de la causa que, de acuerdo con un escrito remitido al juzgado este mismo martes, respaldan los reclamos de la UCO por ser "necesarios" de cara a esclarecer los hechos. Es más, también involucran en la trama al empresario Óscar Sánchez Moyano, a frente de Formaselect Consulting, otra de las mercantiles del entramado y sobre las que los investigadores ponen ahora la lupa.
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